La integridad de los mandatos de las Naciones Unidas se basa en la imparcialidad, la objetividad y la adhesión rigurosa a la presentación de informes basados en pruebas. Cuando como funcionarios encargados sobre temas de derechos humanos internacionales se desvían de estas normas, no solo comprometen sus mandatos específicos, sino que también socavan la credibilidad institucional de la ONU como árbitro neutral.
Desde agosto de 2021, la jordana Reem Al-Salem funge como relatora especial de las Naciones Unidas sobre temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Con esa potestad, uno supondría que la empatía con las víctimas de semejantes ultrajes sería un requisito indispensable para ejercer con ética y decoro mínimos tal función.
No es el caso. Lejos de ello, el mundo entero contempló como esta funcionaria internacional mostró frío desprecio y cruel indiferencia, ante el desgarrador testimonio de la ciudadana mexicana-israelí, Ilana Gritzewsky, rehén y víctima de la barbarie desatada por Hamás el 7 de octubre de 2023.
“Por favor, míreme”, imploraba la chica, mientras relataba el calvario al que fue sometida durante su cautiverio a manos de la organización terrorista, que incluyó toda suerte de vejámenes y abusos sexuales. Por toda respuesta la funcionaria la miraba sin verla, impertérrita, con gesto endurecido y displicente. A tal grado fue obsceno su desplante que ha sido comparado, en redes sociales, con la mirada estúpida y vacuna de Adolf Eichmann durante su proceso en 1962, en lo que la filósofa Hannah Arendt denominó con agudeza la “banalidad del mal”.
Al-Salem no es el único ejemplo de un funcionariado internacional altamente remunerado que incumple de manera ostensible con su mandato. Muy graves acusaciones se han vertido contra la abogada italiana, Francesca Albanese, pomposamente denominada relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, quien ha hecho de su cargo una trinchera para dar rienda suelta a su judeofobia.
Diversos críticos, entre ellos varios Estados miembros y grupos defensores de derechos humanos, sostienen que ambas funcionarias han mostrado un patrón constante de parcialidad que viola el Código de Conducta de la ONU.
Ambas han sido objeto de un intenso escrutinio en relación con sus informes temáticos. Sus acusadores argumentan que su trabajo muestra una aplicación selectiva de los cánones de derechos humanos. La principal objeción es que, si bien sus informes abordan el sufrimiento de una población, no prestan la misma atención a las atrocidades cometidas por actores no estatales, como Hamás. Esto constituye un doble rasero que ignora el abuso sistemático de mujeres y familias israelíes. La desestimación pública que ambas han hecho de los informes sobre violencia sexual como "desinformación" ha sido duramente condenada por las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran su impostura un incumplimiento flagrante del deber más básico de un observador de derechos humanos: escuchar y validar el testimonio de las sobrevivientes, independientemente de su nacionalidad.
La gestión de estas funcionarias se ha convertido en un caso de estudio sobre los riesgos del activismo político dentro de la ONU. Los constantes llamamientos a su destitución ponen de manifiesto una profunda pérdida de confianza por parte de importantes sectores de la comunidad internacional, sustentada por la evidencia de que su conducta se ha desviado de la búsqueda objetiva de la verdad hacia un cometido político subjetivo e inherentemente sesgado. El seguimiento de agendas ideológicas, antes que humanitarias, no es de recibo en una organización como Naciones Unidas que, por su naturaleza misma, debiera ser universal y no sectaria.
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