El World Justice Project, una organización independiente con sede en Washington, DC, publica cada año el Rule of Law Index, que mide cómo viven y perciben las personas el Estado de derecho en 143 países. El índice se sustenta en la idea de que es necesario crear y mantener las condiciones para que el poder responda ante la ley, sin importar quién lo ejerza. Es un informe extenso, dividido en 8 factores y 44 subfactores. Los puntajes van de 0 a 1, donde 1 implica la adhesión más fuerte al Estado de derecho.
El índice mide sobre todo percepciones y experiencias, no estadísticas oficiales, lo que evita, entre otras cosas, sesgos de los regímenes que maquillan resultados o que ya de plano ni los publican. Este ejercicio se alimenta de cuestionarios a expertos y de una encuesta a la población general.
Los resultados de México en la edición 2026 son escalofriantes. Obtiene apenas un puntaje de 0.39 y ocupa el lugar 125 de 143 países, el 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y el 43 de 44 entre los países de ingreso medio-alto, solamente arriba de Irán. En América Latina, únicamente superamos a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Nuestra caída en el último año de 2.7% es la cuarta mayor después de Haití, Tanzania y Sudán. Nos debe quedar muy claro, pues, en qué liga estamos jugando.
Vamos a revisar brevemente los factores críticos del índice. México sale mal en todos, pero no de la misma manera. El desplome no se explica exclusivamente por la reforma judicial que puso al Poder Judicial bajo el control político de Morena. El descenso se aprecia sostenido desde 2021, coincidente con el desmantelamiento y la captura de los contrapesos al poder, y acompaña nuestra involución de una democracia imperfecta a un régimen de partido hegemónico.
En límites al poder gubernamental, el dato más grave está en el subfactor 1.4, que mide si los servidores públicos son investigados, procesados y sancionados por mala conducta. México obtiene apenas 0.23. El resultado no debería sorprender a nadie. Los opositores son perseguidos, mientras que los miembros del partido en el poder casi nunca lo son y gozan, en los hechos, de un fuero metajurídico. El deterioro desde 2021 del factor en su conjunto ha sido de un muy significativo 11.6%.
En ausencia de corrupción, el que mide si los servidores públicos usan el cargo en beneficio propio, el puntaje casi no se ha movido… porque nos detiene el suelo. El Poder Legislativo obtiene 0.13; la policía y el ejército, 0.28; el Poder Judicial, 0.31, y el Ejecutivo, 0.32. El servicio público se percibe como una vía de enriquecimiento rápido. Cada semana aparece un escándalo nuevo con el mismo patrón, el de funcionarios cuyo estilo de vida no se explica ni por lo que ganan ni por lo que ganaban antes de llegar al cargo.
En gobierno abierto, el caso de México es paradojal. Se trata de su mejor posición relativa, la única en la mitad superior (lugar 57), pero con un deterioro del 9.9% en el último lustro. La desaparición del INAI y el ataque sistemático a los medios pueden explicar el porcentaje. El deterioro institucional se agrava mucho cuando, desde el poder, todo el que no es correligionario pasa a ser tratado como enemigo o adversario.
En cuanto a derechos fundamentales, el punto más débil es el debido proceso y los derechos de las personas acusadas, con 0.26. La prisión preventiva oficiosa ilustra bien el problema. Encarcelar ex lege a alguien que no ha sido sentenciado en realidad es castigarlo anticipadamente, y México ha ampliado el catálogo de los delitos en los que se impone, a pesar de las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos retrocedido en este factor 6.4% en los últimos cinco años.
Si bien México no vive un conflicto armado abierto, en orden y seguridad el control efectivo del delito (homicidio, secuestro, robo y extorsión, y la percepción de seguridad en la propia colonia) apenas llega a 0.38. Peor todavía es el subfactor que mide si las personas recurren a la violencia para resolver sus disputas o exigir algo al gobierno, y si están a salvo de la violencia de turba, que es de 0.20. Ese dato revela un entramado institucional muy débil, por decir lo menos. Un descenso de 5.7% en el factor deja a México muy cerca del fondo.
Esto nos lleva al peor resultado de nuestro país en el ejercicio, el de la justicia penal (0.22), que perdió 21.2% de su valor en cinco años. Sus subfactores muestran una cadena de impunidad casi total. No se investiga (0.17) ni se juzga (0.23); las cárceles no reinsertan y no podríamos decir tampoco que lo intentan (0.18); policías y jueces actúan con sesgo discriminatorio (0.15); y el debido proceso de las personas acusadas apenas llega a 0.26.
Finalmente, en cumplimiento regulatorio (0.41), lo más débil es el debido proceso en los procedimientos administrativos fiscales, laborales y ambientales (0.27), seguido de la tardanza administrativa (0.34). La justicia civil (0.34) muestra un sistema que discrimina (0.24), que se retrasa (0.26) y que no logra ejecutar sus sentencias (0.32).
El patrón que se desprende de los datos es el de un avance autoritario. Una democracia que conserva el procedimiento para elegir, pero borra los límites sobre lo que la persona electa puede hacer. Cuando los controles fallan, como muestra el índice, la mayoría deja de ser un método para gobernar y se convierte en un título para dominar. Hoy, más que nunca, vivimos en un país donde los jueces son más proclives al control del gobierno (el índice registra 0.36 en límites judiciales al poder y 0.31 en influencia indebida del gobierno sobre la justicia penal) y cuyos funcionarios casi nunca responden por sus faltas. Y ese es el umbral de la tiranía.
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