Hoy, un país puede perder una guerra sin que caiga una sola bomba. El conflicto central del siglo XXI se libra en dos frentes: el físico y el de resiliencia, es decir, quién controla los insumos y las redes que sostienen la economía moderna. Energía, alimentos, telecomunicaciones, rutas logísticas, minerales estratégicos y tierras raras —indispensables para la tecnología crítica— determinan la capacidad de un Estado para mantener su economía y su sociedad. Quien domine estos eslabones puede asfixiar cadenas de suministro y paralizar un país entero, sin necesidad de un enfrentamiento militar directo.
En el pasado, el poder hablaba el lenguaje militar: tropas, flotas y arsenales nucleares para disuadir al adversario. Así se sostuvo el orden de la posguerra y el equilibrio tenso de la Guerra Fría. Hoy ese marco resulta obsoleto. La reciente Conferencia de Seguridad de Múnich confirmó que la fuerza militar, por sí sola, ya no garantiza estabilidad y seguridad. La interdependencia global también se ha convertido en un arma.
Los datos lo confirman. Más de 70% de los semiconductores avanzados —cerebro de la economía digital— se producen en Taiwán. China concentra cerca de 60% de la producción mundial de tierras raras —indispensables para imanes, turbinas, radares, misiles guiados y electrónica de última generación— y 85% de su procesamiento. La República Democrática de Congo aporta más de 70% del cobalto extraído globalmente, un componente crítico de las baterías que alimentan desde autos eléctricos hasta dispositivos móviles. Estos ejemplos muestran cómo el control de insumos estratégicos convierte a la geografía en poder y la disrupción en arma.
Si los minerales y semiconductores son columnas de la economía moderna, la energía muestra que los suministros también pueden ser utilizados como armas. La guerra en Ucrania develó cómo los recursos energéticos se han convertido en armas geopolíticas: antes de la invasión, cerca de 40% del gas que consumía la Unión Europea provenía de Rusia, y cuando Moscú redujo esos suministros, los precios se dispararon, transformando la dependencia en presión política y vulnerabilidad estratégica. De manera paralela, las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano y la presión para cortar suministros a Cuba han generado una crisis energética que amplifica la dependencia de importaciones y limita servicios básicos como la generación eléctrica y el transporte, con un impacto en todas las actividades económicas.
Las tensiones entre Estados Unidos y China confirman que los semiconductores ocupan hoy un lugar estratégico que el petróleo tuvo en el siglo pasado. Por eso los gobiernos se empeñan en subsidiar fábricas, asegurar minerales críticos y rediseñar cadenas de suministro. Lo que antes era política industrial, actualmente es estrategia de seguridad nacional.
En esta guerra por resiliencia, quien domine la energía, rutas logísticas y recursos críticos definirá quién ganará. México y otros estados medianos quedarán a merced de quienes las controlen; y sin acceso seguro a estos recursos, su estabilidad, mercados y autonomía pueden desaparecer. En la próxima crisis, no ganará quien tenga más armas, sino quien pueda operar, producir y competir incluso bajo presión: la nueva medida del poder en el siglo XXI.
