El mundial y la economía política del fútbol

Armando Luna Franco

La economía política, en su definición más general, se refiere al arreglo social que sustenta la producción de bienes y servicios que sostienen la vida comunitaria. Sin importar el enfoque (economía clásica, marxismo, marginalismo), el problema es ése: cómo nos organizamos social y políticamente para hacernos de los recursos necesarios para vivir y los problemas que eso conlleva. Hablar de economía política es referir la totalidad social y casi cualquier fenómeno entra en su ámbito, incluido el fútbol.

La celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es la culminación de un largo proceso que no inició hace ocho años, cuando se anunció la candidatura conjunta. Inició en 2009, cuando se hicieron públicas las candidaturas para organizar los torneos de 2018 y 2022, que fueron asignados a finales de 2010 a Rusia y Catar, respectivamente. Me permito glosar la historia.

Las irregularidades de ese proceso desembocaron en el escándalo de corrupción de 2015, donde la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) fue investigada por el gobierno estadounidense al no haber sido seleccionada como anfitrión. Producto de la pesquisa, distintas figuras enfrentaron investigaciones y procesos judiciales, y terminó con la renuncia de Josepp Blatter como presidente de la FIFA y el ascenso de Gianni Infantino. Los cambios que introdujo la investigación en los procedimientos del organismo llevaron al proceso de selección para el mundial 2026, en el que Estados Unidos presentó la propuesta, acompañado por México y Canadá.

Desde entonces, los gobiernos de los tres países se encargaron de realizar las obras necesarias para preparar a sus ciudades sede. Éste es el aspecto de mi interés, donde la economía política del fútbol es visible más allá de la cancha y que me gustaría discutir a continuación. También me gustaría incluir dos aspectos más que fueron centrales durante el Mundial: la trata de personas y la economía política dentro de la cancha. Son tres facetas que, en conjunto, sirven para reflexionar en lo que cuesta realmente un Mundial, más allá de los beneficios o gastos económicos.

Uno de los aspectos más importantes de las obras realizadas con motivo del mundial fue la mano de obra migrante. A casi un año y medio de la inauguración, una nota de El Gráfico advertía entonces sobre los abusos que enfrentarían los trabajadores migrantes. Tras las acusaciones de esclavitud y explotación laboral de migrantes africanos y del sureste asiático en el Mundial de Catar, esta denuncia se incorporaba al proceso mundialista en Norteamérica. Como explicaba Jimena de Haro, del Centro de los Derechos del Migrante, la necesidad de trabajo llevaba a las personas migrantes a soportar abusos.

Desde el lado estadounidense, la exdiputada migrante Nora Oranday reclamaba las contradicciones entre promocionar el mundial como un esfuerzo de la cooperación regional, mientras que el gobierno de Trump persigue, encierra y deporta a esa misma fuerza de trabajo. El trabajo migrante representaba casi el 40% del total en los estados con sedes mundialistas. Como bien menciona la exdiputada, son las manos invisibles de la economía política del fútbol: son quienes levantan los espacios de fiesta, quienes atienden el turismo, mientras que enfrentan la persecución de un gobierno que busca erradicarlos de la vista pública.

La nota más importante en la previa del mundial la dio un reportaje de L’Espresso, un medio italiano que difundió una investigación hecha por la organización Frente Nacional por las 40 Horas. El reportaje se enfocaba en los migrantes haitianos y venezolanos que, subcontratados, realizaron el trabajo de renovación de los estadios sin ninguna garantía de seguridad social. Medios nacionales como SinEmbargo, La Silla Rota o Infobae replicaron la nota sin agregar más información, mientras que el propio reportaje aclaraba que ni la principal central obrera del oficialismo, la CATEM, ni la FIFA declararon al respecto.

La Razón de México fue el único medio que reportó por su cuenta el trabajo migrante. La nota de Claudia Arellano destacó, junto con L’Espresso, la denuncia del Sindicato Internacional de Carpinteros y Constructores sobre la negativa del gobierno y la FIFA para que se le permitiera acceder a las obras mundialistas. Además de esto, es importante señalar un vínculo fundamental, proporcionado por Diana Flores Rojas de la organización Fin de la Esclavitud: la relación entre la explotación laboral de migrantes y la explotación sexual de personas.

Este aspecto es, quizás, el más difundido sobre la economía política del fútbol. Si continuaron las transmisiones de los partidos no era extraño ver durante las pausas algún anuncio sobre la campaña conjunta del Gobierno de la Ciudad de México y la Organización de las Naciones Unidas para prevenir el tráfico sexual de mujeres, niñas y niños. El argumento es directo: los eventos deportivos masivos, al congregar aficiones de todo el mundo, convierte a las sedes en centros de delitos sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.

El primer reporte al respecto vinculado con los mundiales tuvo lugar en Alemania 2006. La Alianza Global Contra el Tráfico de Mujeres (AGCTM) publicó un reporte en 2011 sobre el efecto que tiene la explotación sexual en eventos deportivos masivos y sus hallazgos son de importancia incluso hoy. Para aquel mundial la organización señaló que grupos  locales denunciaban que podrían registrarse hasta 40 mil casos de trata/explotación sexual; sin embargo, sus hallazgos sólo detectaron cinco casos con posible vinculación. Lo mismo pasó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En el caso de nuestro país, de nueva cuenta, este problema recibió especial atención por los antecedentes de tráfico y explotación sexual infantil y de mujeres, así como por la presencia del crimen organizado. Aunque la evidencia no es concluyente, la idea se ha repetido desde hace casi 20 años sin cuestionarse públicamente. Como reportaba entonces la AGCTM, existe un riesgo de invertir recursos y atención pública a lo que Chandre Gould llamó el pánico moral enfocado más a la persecución del trabajo sexual que a la protección de las víctimas.

Mientras que estos dos aspectos de la economía política del fútbol se refieren a cuestiones extracancha, aún queda el tercer elemento que sí es propio del deporte en sí mismo. La principal denuncia del Mundial 2026 fue el costo exorbitante de los boletos para los partidos. Si bien el aumento en el precio había sido constante, siempre mantuvo cierta proporcionalidad. Pero los costos tan prohibitivos que se denunciaron, así como los esquemas de especulación mediante los mercados oficiales de reventa, mostraron una práctica criminal desde la propia FIFA. El costo de los boletos se quintuplicó respecto al Mundial de Catar 2022. 

A diferencia de Rusia y de Catar, ahora no hubo precios especiales o apoyos gratuitos de transporte para las aficiones, por el contrario, hubo otras restricciones en el consumo de alimentos y bebidas. Además de encarecer el acceso al estadio, también restringieron la experiencia en él, en perjuicio de la afición. Y existe un último factor a considerar puesto sobre la mesa por Al Jazeera: cómo influyen las participaciones de determinadas selecciones o futbolistas en los partidos.

En una publicación de su cuenta de Instagram, el medio de comunicación árabe señaló la caída estrepitosa del valor de los boletos para un partido de cuartos de final. El encuentro, a celebrarse en Los Ángeles, entre las selecciones de España y Bélgica, esperaba la participación de la selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo. Tras la derrota portuguesa a manos de España en los octavos de final, Al Jazeera reportó una caída de 59% en el valor de los boletos en las primeras 24 horas. 

Al final de su publicación, el medio planteaba una pregunta necesaria: “Si la salida de un jugador puede mover el valor del mercado en un 60%, ¿qué haría la FIFA para mantenerlo en el torneo?”. Esta pregunta iba acompañada por una fotografía de Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina. La asociación no es menor, y eso nos lleva a la influencia de la economía política en la cancha: una de las principales denuncias del torneo fue el sesgo arbitral en favor de la albiceleste y del propio Messi. Nadie cuestiona hoy la inmensa popularidad del futbolista argentino y del peso económico que carga su nombre.

Si la FIFA está dispuesta a intervenir directamente en el juego mediante el arbitraje, o fuera de él como ocurrió cuando Donald Trump solicitó que postergaran el castigo a Folarin Balogun de Estados Unidos, para que pudiera jugar contra Bélgica, ¿qué garantiza un juego justo? De vuelta al planteamiento inicial: la economía política trata sobre el arreglo social para hacernos de bienes y servicios, de ganancias y pérdidas. Así, el deporte del fútbol queda supeditado al negocio del fútbol. Todos los gastos, la transformación económica de los países sedes y el capital invertido por particulares y gobiernos, depende de la ganancia última esperada.

Así, la economía política del fútbol conlleva también un costo social: la FIFA impone condiciones extenuantes a los países anfitriones, como denunciaron en México los colectivos contra la gentrificación, las denuncias por las obras apresuradas del metro y otra infraestructura de movilidad. Todo ese costo puede “obviarse” mientras se respete el juego del fútbol. Sin embargo, si el propio juego está en riesgo porque la prioridad es el margen de ganancia sobre todas las cosas, si la afición ve que el costo social es traicionado por la ganancia particular, enfrentaremos una crisis que podría colapsar de manera simultánea el juego y el negocio.

*Armando Luna Franco. Ensayista y articulista especializado en política mexicana y pensamiento político contemporáneo. Escribe para Animal Político y Revista Común.
@alunaf_89