"Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado nos están dejando morir", se escucha en un video que circula por las redes en donde un grupo de mujeres indígenas reclaman ayuda gubernamental
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"Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado nos están dejando morir", se escucha en un video que circula por las redes en donde un grupo de mujeres indígenas reclaman ayuda gubernamental
Habitantes de comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, una de las regiones con mayores niveles de pobreza y rezago social del país, denunciaron ataques armados y con drones atribuidos al grupo criminal de “Los Ardillos”, lo que los ha obligado al desplazamiento.
"Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado nos están dejando morir y las hacemos directamente responsables por los ataques continuos contra las comunidades, hijos y familias", se escucha en un video que ha circulado por las redes en donde un grupo de mujeres indígenas reclaman ayuda gubernamental por estos hechos.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, conocido como CIPOG-EZ, reportó que desde el 6 de mayo comenzaron las agresiones contra las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en una franja serrana ubicada entre los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
De acuerdo con las denuncias difundidas por la organización, más de 800 familias han abandonado sus viviendas ante el temor de nuevos ataques y la comunidad de Tula quedó prácticamente vacía.
Las comunidades señalaron que hombres armados realizaron disparos desde zonas elevadas y utilizaron drones durante varias horas. También denunciaron que una mujer resultó herida por impactos de bala en Xicotlán. Según el CIPOG-EZ, los ataques ocurrieron pese a la presencia de fuerzas federales en la zona.
La organización sostuvo que integrantes del grupo criminal instalaron trincheras a unos 200 metros de una base militar sin que existiera intervención de autoridades.
La Montaña de Guerrero concentra algunos de los municipios con mayores carencias sociales del país. Datos del INEGI muestran que en municipios de esta región más del 70 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y una parte importante pertenece a pueblos originarios nahuas, mixtecos y tlapanecos.
En localidades como José Joaquín de Herrera y Chilapa, amplios sectores carecen de acceso regular a servicios de salud, agua potable y caminos pavimentados, mientras el desplazamiento forzado se ha convertido en una constante durante los últimos años.
Organizaciones civiles y defensores comunitarios han documentado que la disputa territorial entre grupos criminales en Guerrero ha provocado asesinatos, desapariciones y abandono de poblados completos.
En la Montaña Baja, “Los Ardillos” mantienen presencia desde hace años y han sido vinculados por autoridades y organizaciones sociales con cobro de cuotas, control de rutas, ataques contra policías comunitarias y hostigamiento a comunidades indígenas.
El CIPOG-EZ afirmó que las agresiones recientes se suman a una cadena de violencia contra sus integrantes. En un pronunciamiento difundido por el Congreso Nacional Indígena, la organización señaló que en años recientes han sido asesinados decenas de miembros de las comunidades organizadas y varias personas continúan desaparecidas.
La crisis ocurre mientras Guerrero mantiene cifras elevadas de desplazamiento interno por violencia. Organismos nacionales e internacionales han advertido que entidades como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas concentran miles de personas obligadas a abandonar sus hogares por amenazas de grupos armados.
En muchas zonas rurales, las familias desplazadas terminan refugiadas en casas de familiares, escuelas o comunidades cercanas sin acceso estable a alimentos ni atención médica.
Habitantes de la Montaña Baja difundieron videos en los que mujeres y niños piden ayuda a las autoridades federales y estatales. En sus mensajes denunciaron que continúan bajo fuego y que temen nuevos ataques.
Hasta este domingo, autoridades federales y el gobierno de Guerrero no habían informado sobre detenciones o un operativo que garantizara el retorno de las familias desplazadas.
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