Productores denunciaron por años amenazas, asesinatos y cobros de piso; los 1,557 militares no llegaron hasta que la urgencia vino del vecino del norte
...
Productores denunciaron por años amenazas, asesinatos y cobros de piso; los 1,557 militares no llegaron hasta que la urgencia vino del vecino del norte
Bastaron unas horas de presión de Estados Unidos para que el gobierno mexicano encontrara soldados, guardias nacionales y una estrategia de seguridad para Michoacán. Washington suspendió las inspecciones que permiten exportar aguacate a su mercado por riesgos para su personal y la respuesta de México fue inmediata: 1,557 efectivos adicionales fueron enviados a la región aguacatera.
No era una emergencia desconocida. Desde hace años, productores, empacadores y transportistas de Michoacán viven bajo un sistema de extorsiones impuesto por organizaciones criminales que han encontrado en el “oro verde” una fuente de ingresos tan atractiva como algunas de sus actividades tradicionales.
En distintas zonas del estado operan o han operado el "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG), "Los Viagras", la "Nueva Familia Michoacana", "Cárteles Unidos", "Blancos de Troya" y remanentes de los "Caballeros Templarios", además de células locales que cobran cuotas a productores y comerciantes. La disputa no es solamente por las rutas de las drogas: también por controlar la producción, transporte y comercialización agrícola.
El tamaño del negocio explica el interés. Investigaciones sobre la economía criminal de Michoacán han calculado que las extorsiones al sector agrícola pueden representar hasta 4 mil millones de pesos al año. Los métodos van desde cuotas periódicas a propietarios de huertas hasta cobros por cada kilo producido o cada camión que sale de una zona bajo control criminal.
En el vecino negocio del limón —que permite observar con mayor claridad cómo funciona el mecanismo— productores de Tierra Caliente denunciaron cobros que llegaron a 40 mil pesos por camión. En 2025, las organizaciones criminales llegaron a exigir hasta cuatro pesos por cada kilo de limón, cobrando tanto por producir como por comercializar. El mensaje para quien se niega a pagar no necesita demasiadas explicaciones: amenazas, secuestros, destrucción de mercancía o la muerte.
La violencia dejó hace tiempo de ser una amenaza abstracta. En octubre de 2025 fue asesinado Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, después de denunciar públicamente las extorsiones que sufrían los productores. Las autoridades atribuyeron posteriormente el crimen a una estructura encabezada por César Alejandro Sepúlveda, “El Botox”, jefe de "Blancos de Troya" y señalado como uno de los principales extorsionadores del sector agrícola.
Unos días después, el 1 de noviembre, fue asesinado a balazos Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, uno de los municipios emblemáticos de la producción aguacatera. Manzo había hecho de la lucha contra los grupos criminales una de las banderas de su gobierno y había reclamado públicamente mayor respaldo de las autoridades federales. Investigaciones posteriores vincularon a operadores del "CJNG" relacionados con extorsiones a productores de aguacate y limón con la célula involucrada en su asesinato.
Es decir, había muertos, amenazas, cobros de piso, productores aterrorizados y organizaciones criminales apropiándose de una parte de la riqueza agrícola michoacana. Incluso el propio gobierno ha realizado decenas de detenciones por extorsión durante este año. Nada de eso había provocado una movilización semejante.
Lo que cambió esta semana fue el destinatario de la amenaza.
Estados Unidos suspendió las inspecciones obligatorias del Departamento de Agricultura en Michoacán después de una alerta de seguridad. Sin esas inspecciones no puede salir hacia Estados Unidos el aguacate de las empacadoras afectadas. Y Estados Unidos absorbe cerca de 90% del volumen de las exportaciones mexicanas del fruto.
La reacción mexicana llegó con una velocidad poco habitual. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de 900 elementos del Ejército y 657 de la Guardia Nacional, destinados a reforzar la seguridad de huertas, empacadoras y rutas de transporte para crear las condiciones que permitan regresar a los inspectores estadounidenses.
No es un negocio menor. México exportó en 2025 alrededor de 3 mil 650 millones de dólares de aguacate a Estados Unidos, y Michoacán concentra la inmensa mayoría de la producción exportadora. Un cierre prolongado amenaza una industria que sostiene aproximadamente 200 mil empleos en el estado.
Por eso el episodio deja una pregunta particularmente incómoda para el gobierno mexicano: si era posible desplegar de inmediato más de mil 500 efectivos para proteger las huertas, las empacadoras y las carreteras, ¿por qué fue necesario que Estados Unidos cerrara primero la puerta al aguacate?
Los productores mexicanos llevaban años denunciando extorsiones. Hubo paros, amenazas y asesinatos. Fue ultimado un dirigente agrícola que denunció el cobro de piso y también el alcalde de una de las capitales mundiales del aguacate. El gobierno conocía perfectamente la dimensión del problema.
Pero esta vez hubo algo diferente: Washington puso un precio inmediato a la inseguridad.
Cuando la violencia amenazó con interrumpir un negocio de miles de millones de dólares y Estados Unidos retiró a sus inspectores, aparecieron en cuestión de horas 1,557 soldados y guardias nacionales.
No fue que el gobierno mexicano descubriera el problema.
Descubrió la urgencia cuando Estados Unidos lo apretó.
También podría interesarte:
Recomendar Nota
Contacto
