Defender a las audiencias, la norma que puso Chávez para controlar a los medios en Venezuela

Desde 2004, en Venezuela una transmisión de radio, un programa de televisión o incluso una publicación en redes sociales están bajo la lupa del Estado.

Con la promesa de ordenar la comunicación, proteger a las audiencias y establecer responsabilidades para quienes difundan contenidos, el gobierno de Hugo Chávez impulsó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión –conocida como Ley Resorte–, que posteriormente, en 2010, fue reformada para incluir a los medios electrónicos.

La ley nació en un contexto de fuerte confrontación política entre el gobierno chavista y medios privados, especialmente después del conflicto político de 2002-2003, cuando el Ejecutivo identificó a los medios de comunicación como actores políticos adversos.

Entre sus principales mecanismos estableció la clasificación de horarios para determinados contenidos, obligaciones sobre programación nacional, restricciones a mensajes considerados violentos, discriminatorios o perturbadores, así como sanciones administrativas.

Asimismo, la normativa reforzó el papel de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al otorgarle facultades para sancionar contenidos que, a criterio de las autoridades, pudieran afectar la seguridad nacional o el orden público.

Entre las facultades otorgadas por esta ley se encuentra la posibilidad de que el gobierno revoque, hasta por cinco años, las concesiones de medios radiofónicos que incurran en faltas consideradas progresivas.

A pesar de que la Gaceta Oficial afirma que la Ley Resorte tiene como propósito “garantizar el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático”, en los 27 años de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha registrado el cierre de decenas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y, más recientemente, digitales.

A ello se suman restricciones contra programas informativos y represión contra periodistas que han denunciado agresiones, persecución y encarcelamiento.

De acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el número de periódicos en el país caribeño pasó de 142 en 2002 a solo 20 para 2022, una reducción que refleja la contracción en los medios impresos.

Sin embargo, la reducción de espacios informativos no se ha limitado únicamente a la prensa escrita. En el ámbito radiofónico, la organización Espacio Público documentó que entre 2009 y 2020 dejaron de operar 180 emisoras por disposiciones del gobierno federal a través de la CONATEL.

Uno de los antecedentes más representativos sobre la regulación de los medios fue el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV).

En 2007, el chavismo decidió no renovar la concesión de transmisión abierta del canal tras el vencimiento de su licencia. De acuerdo con las autoridades, RCTV ejercía una facultad legal sobre el uso del espectro radioeléctrico.

Un peligro para la libertad de expresión

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Freedom House señalaron que la Ley Resorte podría utilizarse para restringir la libertad de expresión, ya que incluía conceptos demasiado “amplios o ambiguos”.

"La vaguedad de sus restricciones y las graves sanciones que la Ley establece, constituyen un mecanismo de autocensura contra la prensa y un medio para la arbitrariedad por parte de las autoridades gubernamentales”, sostuvo en su momento José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Conceptos como "alteración del orden público", "generación de zozobra" y "desconocimiento de autoridades", figuraron entre las principales críticas.

Incluso, la organización internacional señaló en un comunicado de 2004 que su principal preocupación era que el proyecto venezolano contuviera reglas vagas, como la incitación a quebrar el orden público, que pudieran utilizarse para sancionar a los medios por su expresión legítima de puntos de vista políticos.

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