Hace algunos días, el Parlamento Europeo —la institución que representa a los ciudadanos de la Unión Europea— aprobó una resolución que endurece la aplicación del marco migratorio vigente, en particular del Pacto de Migración y Asilo de 2024. La resolución apunta a corregir la principal falla del sistema: la incapacidad de ejecutar las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en el territorio europeo. Hoy, menos de 30% de las órdenes de expulsión se cumple.
A partir de ese problema, la mayoría del Parlamento Europeo —con una nueva correlación de fuerzas más inclinada hacia la derecha— respaldó tres medidas. Primero, acelerar el rechazo de solicitudes de asilo con baja probabilidad de éxito mediante procedimientos que ahora tomarán meses, no años. Segundo, ampliar de forma sustantiva el uso de la detención para asegurar los retornos, incluyendo periodos más largos de internamiento y sanciones para quienes no cooperen. Y, sobre todo, reforzar la ejecución efectiva de las deportaciones mediante acuerdos de cooperación con los países de origen e incluso a través del traslado a centros de retorno en terceros países. Europa adopta así herramientas que durante años criticó cuando las aplicaba Estados Unidos.
El giro responde a datos que los gobiernos ya no pueden ignorar. En 2025, la Unión Europea registró 669 mil 365 solicitudes de asilo y más de 54% fueron rechazadas; es decir, más de la mitad no cumplía los requisitos para quedarse. Aun así, mientras se tramitan los casos —lo que puede durar años—, las personas permanecen en el territorio europeo con acceso a sistemas de acogida que cubren alojamiento, manutención, atención médica y servicios básicos, generando un gasto público sostenido.
El problema no termina con el rechazo. Aunque se emiten órdenes de salida, la mayoría no se traduce en retornos y las personas permanecen indefinidamente bajo esquemas de asistencia reducida o soporte local. El sistema decide quién debe salir, pero no logra ejecutarlo, manteniendo a quienes no tienen derecho a quedarse, a menudo en detrimento de la calidad de vida de las comunidades locales, que absorben el impacto negativo en vivienda, servicios y presupuesto.
Más allá de la entrada o la permanencia, el foco está en lo que ocurre dentro. Cuando quienes permanecen no se integran —ni económica ni culturalmente—, la inserción laboral es baja y se prolonga la dependencia del gasto social. Aumentan las tensiones en las comunidades y se deteriora la convivencia. También crecen la criminalidad y las fricciones con normas básicas como la tolerancia religiosa, la igualdad de género o la laicidad, favoreciendo la formación de comunidades paralelas.
Estos efectos han impulsado el giro político. No es solo una decisión institucional, sino una respuesta a la percepción de pérdida de control del sistema migratorio y de presión sobre los recursos públicos. A ello se suma un debate más agudo sobre integración y cohesión social, en el que parte del electorado percibe incompatibilidades entre algunos grupos de migrantes y los valores democráticos y culturales europeos. Esa combinación ha intensificado la presión política y acelerado el endurecimiento migratorio.
El resultado es un cambio de enfoque. La migración en Europa deja de tratarse exclusivamente como un asunto humanitario y pasa a integrarse en el ámbito de la seguridad interna. En un entorno global más incierto, los gobiernos priorizan la capacidad de ejecutar decisiones y orientar recursos hacia sus propios ciudadanos, sosteniendo el control efectivo de sus fronteras y del orden interno.
El giro no es ideológico, es una corrección de capacidad. Un sistema que decide, pero no ejecuta deja de ser un sistema de control. Y Europa está corrigiendo precisamente eso.
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