Modelo de tantos otros mandatarios que se perdieron en el camino, Ortega Saavedra, a la cabeza del gobierno nicaraguense, también ha repartido poder a Rosario Murillo, su esposa.
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Modelo de tantos otros mandatarios que se perdieron en el camino, Ortega Saavedra, a la cabeza del gobierno nicaraguense, también ha repartido poder a Rosario Murillo, su esposa.
“Mejor que Somoza, cualquier cosa”. Eso creían en Nicaragua en las últimas décadas del siglo pasado. Lo que nunca se imaginaron fue que dentro del movimiento que se encargaría de derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía Somoza en gobernar al país, germinaba un nuevo tirano que llegaría al poder legitimado por su lucha, envuelto en la bandera de la izquierda latinoamericana y prendado de la ilusión de millones de nicaragüenses que ansiaban la libertad.
La trayectoria del comandante Daniel Ortega Saavedra, como es conocido entre sus aliados más ortodoxos, es el modelo de tantos otros mandatarios que se perdieron en el camino. A lo largo de seis décadas ha estado involucrado en movimientos políticos. Todo inició cuando era un aguerrido opositor a la dictadura de la familia Somoza, que controló al país centroamericano durante 43 años.
Sus papás, Daniel Ortega y Lidia Saavedra, participaron en actividades contra la dictadura somocista, militancia que heredó su hijo que salió de La Libertad, lugar en donde nació el 11 de noviembre de 1945, para continuar con sus estudios de Derecho en la Universidad Centroamericana, carrera que abandonó en 1963 para integrarse de tiempo completo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Como parte de las filas de la guerrilla, Ortega se involucró en operaciones clandestinas del movimiento que lo llevaron a ser detenido en 1967, después de haber sido parte en un asalto bancario destinado, según el propio FSLN, a financiar la guerrilla. Estuvo en la cárcel alrededor de siete años, donde denunció haber sido torturado. Su estancia en prisión también le ayudó a consolidar su papel de víctima del gobierno opresor.
Fue hasta 1974 que pudo recuperar su libertad al ser parte de un intercambio de prisioneros, después de que un comando sandinista tomara como rehenes a altos funcionarios del gobierno. Posteriormente viajó a Cuba, donde recibió entrenamiento político y militar antes de regresar a la lucha contra Somoza.
El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista derrocó a Anastasio Somoza Debayle, y Ortega se movió rápidamente para ocupar un cargo de importancia. Así llegó a ser miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, en donde destacó como uno de los principales líderes del nuevo gobierno.
Seis años después, en 1985, llegó a la presidencia de Nicaragua después de haber ganado las elecciones presidenciales un año antes. Su primer mandato estuvo marcado por la guerra entre el gobierno sandinista y la "Contra", un movimiento insurgente apoyado por Estados Unidos que se oponía a su gobierno. Además de este conflicto armado, en esos años el país centroamericano enfrentó una profunda crisis económica y un embargo estadounidense.
Aquí es donde el molde del típico dictador latinoamericano empieza a romperse, pues hubo un momento, por difícil que parezca imaginarlo, en el que Ortega Saavedra fue demócrata antes de consolidarse como dictador. En 1990, el actual presidente perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder. Posteriormente también fue derrotado en las elecciones de 1996 y 2001, tiempo en el que se mantuvo en la oposición.
Durante ese tiempo, mantuvo el control del Frente Sandinista y reorganizó su estrategia política, que lo llevó a ganar nuevamente la presidencia en 2006 en unas elecciones consideradas entonces generalmente competitivas por observadores internacionales, las últimas con estas características que vivió el país desde entonces.
Desde ese momento, Ortega parece haber aprendido, como hacen los tiranos, que si quería quedarse en el poder no lo podía seguir compartiendo con instituciones que no se alinearan ciegamente con él. Durante sus primeros años impulsó programas sociales aparentemente financiados con cooperación venezolana, mientras el país registró crecimiento económico y reducción de algunos indicadores de pobreza, factores que fortalecieron el respaldo de una parte importante de la población.
Pero al mismo tiempo que parecía mejorar los indicadores que tanto apantallan, también comenzó un proceso de concentración de poder. Impulsó reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección presidencial y el Frente Sandinista fue ampliando su control sobre el Congreso, el Poder Judicial, las autoridades electorales y otras instituciones estatales. Diversos observadores internacionales señalaron que las elecciones de 2011, 2016 y, especialmente las de 2021, presentaron graves irregularidades. Sobra decir que el mandatario y su partido salieron ampliamente beneficiados en todas ellas.
Como suele pasar con los aspirantes a tiranos que logran consolidar su sueño de poder vitalicio, el deterioro de Ortega Saavedra fue gradual. No existe un momento que pueda señalarse como el instante en el que se torció. Habrá quien piense, a lo mejor con razón, que la ambición autoritaria estuvo siempre dentro de él, y sólo hizo falta el empujón que da sentir todo el poder en la palma de la mano para que cerrara el puño y no lo dejara ir nunca más.
En otros análisis se dice que los primeros destellos de esta codicia empezaron a hacerse visibles con los llamados “pactos” políticos a los que llegó a finales de los años Noventa, cuando Ortega alcanzó acuerdos con el entonces presidente Arnoldo Alemán, que modificaron reglas electorales e institucionales. Otros consideran que el cambio quedó plenamente consolidado después de su regreso al poder en 2007, cuando impulsó las reformas constitucionales que permitieron la reelección indefinida, resultó en una creciente concentración del poder.
Con el tiempo llegó el momento en el que ni los optimistas pudieron seguir manteniendo su postura. El que es el más ampliamente aceptado como el punto de quiebre fue durante la represión de las protestas de 2018. Esa ruptura definitiva entre el proyecto revolucionario original, mismo que decía buscar justicia social y participación popular, y un sistema centrado en la permanencia del grupo gobernante por fin hizo que muchos se dieran cuenta de lo que era evidente. Después de 11 años en el poder, se empezó a reconocer la dictadura de Ortega como lo que era.
Estas protestas iniciaron por una reforma al sistema de seguridad social y rápidamente evolucionaron hacia un movimiento nacional contra el gobierno. La respuesta de las fuerzas de seguridad y de grupos armados afines al gobierno dejó más de 300 personas muertas, miles de heridos y cientos de detenidos, según organismos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde entonces aumentaron las denuncias por persecución política, cierre de medios de comunicación, expulsión de organizaciones civiles y detención de opositores.
Sería una verdad a medias decir que Ortega Saavedra concentra todo el poder en él mismo. Después de todo, Rosario Murillo, su esposa, ha adquirido un papel central dentro del gobierno. Fue vicepresidenta desde 2017 y posteriormente pasó a ejercer la copresidencia tras cambios institucionales impulsados por ellos mismos. El matrimonio controla conjuntamente los principales poderes del Estado y que varios integrantes de su familia ocupan cargos relevantes dentro del aparato gubernamental.
La ONU, la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y diversos gobiernos han denunciado durante años y de diferentes maneras las detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de prensa, persecución de opositores, cancelación de organizaciones civiles y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Mientras tanto, y como era de esperarse, el gobierno de Ortega rechaza esas acusaciones y sostiene algo que ya parece lugar común entre los gobiernos de izquierda en el continente: que enfrenta intentos de desestabilización promovidos desde el exterior.
La última nota del régimen nicaragüense llegó en julio de 2026, cuando Ortega Saavedra anunció que el país dejará de celebrar elecciones competitivas, una decisión que provocó condenas inmediatas de Naciones Unidas y de distintos gobiernos, lo que llevó al Congreso, controlado por el oficialismo, a impulsar los cambios legales correspondientes y a matizar diciendo que los cambios constitucionales estarán concentrados en evitar ese “injerencismo”.
Y mientras tanto, ese mismo pueblo que pensó que al librarse de una dictadura podría por fin vivir en libertad sufre una nueva tiranía familiar. La esperanza queda en que, ahora sí, algún día llegue la democracia y la libertad a ese país tan por las familias que se enamoran del poder a costa de todo.
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