La tragedia que hoy vive la región de Chilapa no puede reducirse a un parte informativo más sobre violencia criminal, ni la visita de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Detrás de las cifras oficiales de desplazados, heridos y comunidades bloqueadas, existen familias enteras obligadas a abandonar sus hogares porque el Estado perdió, desde hace tiempo, el control efectivo del territorio.
En los dos últimos años, más de mil familias han huido de sus hogares para refugiarse en los cerros, iglesias o comunidades vecinas como Alcozacán.
El 9 de junio del 2025, se registro un muerto, dos menores desaparecidos, casas incendiadas y 16 familias desplazadas que buscaron refugio entre los cerros para protegerse de la violencia, es parte del saldo que arrojó la violencia que azotó las comunidades serranas de Guerrero, sobre todo, en los municipios de Zihuatanejo, Petatlán y Coyuca de Catalán, tras ataques armados realizados por presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.
De acuerdo con la información que circuló en los medios digitales, las comunidades de Puerto Las Ollas, Rancho Nuevo y El Nogal, fueron testigos de las agresiones brutales que destrozaron la vida de sus habitantes; según los testimonios de las víctimas, los grupos criminales irrumpieron en las localidades con extrema violencia. En el caso de Joshua “N”, de 10 años y Sergio “N” de 14 años.
A casi un año se repite la historia el pasado miércoles seis del 2026, entre 800 y mil familias de los comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlan del municipio de Chilapa, se vieron obligadas a abandonar sus tierras para refugiarse en la comunidad de Alcozacán.
Teniendo que vivir en la zozobra y el temor de perder la vida ante los constantes ataques con armas de alto poder y explosiones a través de drones por presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Ardillos.
El gobierno federal sostiene que su prioridad es evitar una confrontación armada que ponga en riesgo a la población civil -estrategia de AMLO- Abrazos no balazos-.
La lógica es entendible, nadie desea una masacre provocada por fuego cruzado entre fuerzas del estado y grupos criminales. Pero hay una interrogante de fondo ¿cómo garantizar que los desplazados regresen a sus comunidades su quienes provocaron el desplazamiento continúan ahí?
La paz no se decreta. Mucho menos en regiones donde el crimen organizado sustituyó durante años la presencia institucional, controló caminos, impuso miedo y penetró estructuras sociales y políticas.
Hablar de diálogo puede servir para contener momentáneamente la violencia, pero el diálogo por sí solo no desarma grupos criminales, no libera territorios y tampoco devuelve la confianza a las comunidades.
La verdadera pregunta no es solamente como sacar a las personas de la zona de riesgo, sino como garantizarles que no volverán a huir en unas semanas.
Ahí es donde aparece la gran contradicción del estado mexicano: se rechaza el uso de la fuerza como si toda acción firme fuera automáticamente sinónimo de autoritarismo, pero al mismo tiempo se deja a comunidades enteras viviendo bajo el dominio de grupos armados. Y cuando el estado renuncia al monopolio legítimo de la fuerza, alguien más ocupa ese espacio.
La paz auténtica exige presencia permanente del estado. No únicamente programas sociales o mesas de diálogo. Se requiere seguridad real, inteligencia, control territorial, investigación financiera, detenciones, desarme y reconstrucción institucional.
La población necesita volver a ver escuelas abiertas, caminos seguros, comercios funcionando y autoridades que no abandonen la región después de la emergencia mediática.
De lo contrario, el desplazamiento termina convirtiéndose en una condena silenciosa, personas que nunca regresan a sus tierras porque el miedo permanece intacto.
Guerrero lleva años acumulando desplazados invisibles. Familias que sobreviven lejos de sus comunidades mientras el país normaliza que los pueblos enteros queden atrapados entre organizaciones criminales.
Con datos del Lic. Moises Torres, lo más preocupante sea eso, que poco a poco comenzamos a aceptar como norma que haya regiones donde el Estado negocia condiciones mínimas de estabilidad, en lugar de ejercer plenamente su autoridad constitucional.
Queda claro que ninguna estrategia de paz puede funcionar si el ciudadano percibe que quien realmente manda es el grupo armado que controla el territorio.
Ha reventado la región de la Montaña, ahí grupos delictivos disputan a sangre y fuego cruzado el control de la zona. En el intercambio de disparos hubo muertos y heridos.
Desplazaron a cientos de habitantes de comunidades indígenas empobrecidas por siglos. Abandonadas a su suerte y solo atendidas nimiamente en periodos electorales, por los distintos gobiernos y partidos políticos.
Fueron seis días de asedio sistemático. Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni Omar García Harfuch le dieron la importancia requerida al asunto. Hasta que, un video desgarrador, mujeres indígenas de Chilapa clamaron por ayuda del presidente norteamericano Donal Trump, pues la presidenta “no nos hace caso y queremos que este video llegue a los Estados Unidos”.
El comunicado oficial que apareció tras la intervención de las autoridades y que fue atribuido a la Secretaría de Gobernación desconcertó: “se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”.
¿No eran grupos delictivos los involucrados en el zafarrancho? Como sea, al Batman de la 4T lo está venciendo y acorralando el caos del Guasón.
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