Clasifican como "seguridad nacional" información sobre el asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén

En contraste con la amplia difusión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la red de huachicol fiscal que presuntamente lidera el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la institución clasificó como reservada hasta 2031 la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ocurrido el 25 de julio de 2024.

En dicho expediente se cruzan el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada y la supuesta presencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien según una carta del propio capo fue citado a la misma reunión en la finca Huertos del Pedregal donde se ejecutó el crimen.

A ello se suma el montaje de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para simular que el homicidio de Cuén sucedió durante un asalto en una gasolinería.

A pesar de que esta simulación quedó al descubierto durante la administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, el propio Comité de Transparencia de la fiscalía emitió la resolución FGR/UETAG/002896/2026, en la que clasificó como "reserva técnica" cualquier dato del caso del exrector de la UAS.

La institución argumentó que su difusión representa un “riesgo real” de perjuicio significativo a la seguridad nacional o al interés público, por lo que determinó reservar por cinco años más la información, es decir que será hasta 2031 cuando revisará nuevamente si procede su apertura.

Señaló que dar a conocer algún dato relacionado con la carpeta de investigación “expondría las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen evidencias para el esclarecimiento de los hechos, y, en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del inculpado (sic)”.

Incluso, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, solamente ha hablado a cuentagotas del tema. El pasado 8 de julio informó sobre la apertura de siete carpetas de investigación por presunta alteración de la escena del crimen y la realización de 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales.

Sin embargo, no ha presentado imputaciones ni detenciones contra los probables responsables materiales o intelectuales del homicidio.Tampoco ha dado a conocer si el Ministerio Público de la Federación ejercitará acción penal contra la exfiscal estatal Sara Bruna Quiñónez, quien únicamente renunció al cargo tras revelarse las anomalías en la indagatoria.

Incluso, no ha dejado claro si habrá consecuencias legales contra el vicefiscal Dámaso Castro, quien siguió en el cargo y fue obligado a solicitar licencia ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El hermetismo de esta investigación que involucra al gobierno de Rubén Rocha Moya, se contrapone con la inusual divulgación de detalles de la FGR sobre la red de contrabando de hidrocarburos que supuestamente encabeza el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

En este caso, la fiscalía ha hecho del conocimiento público datos contenidos en el expediente que involucra a 25 personas, así como fotografías e imágenes de la captura y el trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano del panista.

El 16 de julio, la fiscal Godoy Ramos dio a conocer un “primer bloque” de información relacionada con Ruffo Appel, en el indicó que se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR tiene “muchísimas pruebas” y rechazó que el caso sea una persecución política contra un opositor.