¿Quién participa en las decisiones que definen nuestras leyes? ¿Qué intereses están representados y cuáles quedan fuera de la conversación? En una democracia, estas preguntas son tan importantes como conocer el resultado de una votación.
El cabildeo suele asociarse con grandes empresas y negociaciones a puerta cerrada. Sin embargo, influir en las políticas públicas también es una actividad legítima de sindicatos, universidades, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos.
La OCDE reconoce que estas actividades pueden mejorar las decisiones públicas cuando existen condiciones de transparencia, integridad y acceso equitativo; es decir, el problema no es la participación, sino la influencia que permanece fuera del escrutinio público.
México: más reglas, pero menor cumplimiento
El Panorama de Integridad y Anticorrupción 2026 de la OCDE ofrece un diagnóstico revelador: México cumple con 40% de los criterios regulatorios evaluados en materia de cabildeo, frente al promedio de 43% de los países miembros. Sin embargo, en su aplicación práctica alcanza apenas 22%, contra 38% del promedio.
Las cifras muestran una brecha preocupante entre las disposiciones existentes y su implementación. Aunque la Cámara de Diputados y el Senado cuentan con reglas y registros de cabilderos, estos mecanismos se concentran en el Poder Legislativo y no constituyen un sistema integral que abarque otras instituciones públicas.
Registrar quién participa es necesario, pero insuficiente. También necesitamos conocer qué intereses representa, qué decisiones busca modificar y cuáles son los argumentos que presenta.
La experiencia internacional: participar con responsabilidad
Business at OECD (BIAC), el interlocutor empresarial institucional ante la OCDE, ha señalado que la participación empresarial puede ser organizada, representativa y transparente. Entre sus principios institucionales destacan la confianza, la construcción de consensos y la rendición de cuentas sobre sus prioridades y actividades.
Esta experiencia ofrece una lección: la legitimidad de la representación empresarial no debe descansar en el acceso privilegiado a los gobiernos, sino en la calidad de sus propuestas y la transparencia de sus intereses. Una regulación laboral, por ejemplo, puede perseguir objetivos legítimos y generar dificultades de cumplimiento para pequeñas empresas. Escuchar a trabajadores, empleadores y especialistas permite anticipar consecuencias y construir mejores soluciones.
La participación de distintos sectores no sustituye la responsabilidad de las autoridades, la complementa con información y experiencia.
Hacia una nueva generación de transparencia
La OCDE advierte que la influencia ya no ocurre únicamente mediante reuniones presenciales, sino que también puede ejercerse a través de campañas digitales, estudios financiados por terceros, organizaciones intermediarias y plataformas de comunicación. Por ello, México necesita actualizar su conversación sobre el cabildeo.
Una agenda moderna debería contemplar registros públicos accesibles, identificación de los intereses representados, agendas institucionales abiertas y trazabilidad de las aportaciones recibidas durante la elaboración de leyes y políticas públicas. También requiere mecanismos de supervisión, reglas para prevenir conflictos de interés y medidas frente a las llamadas puertas giratorias entre el servicio público y el sector privado.
La tecnología puede facilitar este proceso mediante plataformas digitales que permitan consultar quién participó en una discusión, qué propuso y cómo evolucionó una iniciativa. Pero la transparencia también debe ser incluyente. Los requisitos de participación no pueden convertirse en obstáculos que excluyan a organizaciones pequeñas o colectivos sin grandes recursos.
La integridad también se demuestra al influir
Desde la Comisión Nacional de Integridad y Anticorrupción de Coparmex consideramos que la participación empresarial debe estar sustentada en evidencia, apertura al diálogo y responsabilidad frente a la sociedad.
No basta con exigir integridad a quienes toman decisiones, pues las organizaciones que buscamos incidir en ellas también debemos transparentar nuestras posiciones, reconocer posibles conflictos de interés y aceptar el escrutinio público.
México tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo donde la influencia no dependa de relaciones personales, recursos económicos o cercanía con el poder, sino de procesos abiertos y reglas aplicables a todos.
La democracia no exige que dejemos de influir, exige que podamos explicar cómo, para quién y con qué propósito lo hacemos, porque una decisión pública no solo debe ser legal: también debe poder explicarse a la ciudadanía cómo se construyó. #OpinionCoparmex
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