El pasado 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático. Propongo aprovechar la fecha para algo menos cómodo que un pronunciamiento. Si usted dirige una empresa, le propongo una prueba: ¿cuánto pagó por agua el año pasado? ¿Cuánta energía consume por unidad producida? ¿Qué parte de sus materiales terminó como residuo? Si para responder necesita llamar a alguien o si nadie en la organización tiene el dato, ahí está nuestro punto de partida.
Como sector empresarial, exigimos a las autoridades reglas claras, metas verificables y responsables identificados. Es una exigencia legítima que vamos a sostener. Pero también nos obliga a aplicarnos la misma medida, y ahí tenemos pendientes. Defendemos la eficiencia mientras toleramos fugas y mermas. Hablamos de innovación con procesos que nadie revisa desde hace años. Firmamos compromisos ambientales sin asignarles presupuesto ni designar a una persona responsable de cumplirlos. Un compromiso así es, en el mejor de los casos, una declaración.
Esto ya no es solo un tema de reputación. El marco legal está cambiando y lo hace con plazos definidos.
Desde el 20 de enero está vigente la Ley General de Economía Circular. Muchas empresas la archivaron como un asunto de la Semarnat, pero también es un asunto de costos y operación. La ley prevé la responsabilidad extendida del productor: la obligación de que quien fabrica o importa un producto se haga cargo de él cuando se convierte en residuo. Cuando la autoridad publique el acuerdo que defina qué productos quedan incluidos, sus fabricantes e importadores deberán elaborar un plan de gestión circular e inscribirse en un registro nacional. Mi preocupación no es que la ley alcance a muchas empresas, sino que muchas se enteren demasiado tarde.
El gobierno también tiene pendientes. La ley ordenó expedir su reglamento en un plazo de 180 días; ese plazo venció en julio y el reglamento sigue sin publicarse. Sin reglas operativas, ninguna empresa puede planear una inversión con seguridad. Lo decimos con claridad: la certidumbre jurídica también es una obligación con fecha.
A esto se suma la iniciativa del Ejecutivo para sustituir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La ley vigente data de 1988 y acumula 52 decretos de reforma. Coincidimos en que necesita una revisión de fondo. En esa discusión pediremos medidas concretas: obligaciones que puedan medirse, competencias que no se dupliquen entre órdenes de gobierno, plazos de transición realistas y procedimientos que una empresa mediana pueda cumplir sin contratar un despacho para entenderlos.
Este último punto no es menor. La mayoría de las empresas de este país no tiene un área ambiental. Tiene un dueño, un encargado de mantenimiento y una persona en administración que paga los recibos. Una regulación que solo pueden cumplir las grandes empresas deja fuera a casi todas las demás y no mejora el medio ambiente.
Tampoco podemos esperar a que llegue la ley perfecta. Las mejoras que más rinden, como reparar fugas, medir el consumo eléctrico por línea de producción o separar los residuos que hoy pagamos por desechar, no necesitan un reglamento. Necesitan que alguien en la empresa asuma esa responsabilidad.
Por eso, desde la Comisión Nacional de Desarrollo Ecológico y Sustentable de Coparmex, hago una invitación que va más allá de nuestros socios: que cada empresa de este país, sin importar su tamaño, cierre el año con un dato ambiental propio, una persona encargada de mejorarlo y recursos asignados para lograrlo. No hace falta esperar al reglamento ni a la nueva ley. Dentro de un año, quien pueda mostrar el antes y el después tendrá algo que ninguna declaración puede dar: autoridad para exigir.
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