El hijo del expresidente López Obrador acumula denuncias e indagatorias que, aunque limitadas, lo señalan como parte de una red de tráfico ilegal de combustibles
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El hijo del expresidente López Obrador acumula denuncias e indagatorias que, aunque limitadas, lo señalan como parte de una red de tráfico ilegal de combustibles
El primero de septiembre de 2018, en su toma de protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público.
“Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano”, lanzó desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Hoy, casi ocho años después, a su hijo Andrés Manuel López Beltrán le cancelaron la visa de Estados Unidos y está señalado, precisamente, de haber hecho negocios al amparo del poder a través de una red de amigos que obtuvieron negocios durante el sexenio anterior.
Ante la exigencia de denuncias por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado del PAN, Federico Döring, lo hizo ante la Fiscalía General de la República el 27 de agosto de 2025 y la amplió el 23 de septiembre del mismo año.
La denuncia contra López Beltrán fue por conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en agravio de la sociedad.
En su escrito, el legislador incluyó como parte acusada a siete personas más: Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por presunta complicidad u omisión en el control territorial del estado.
A Tania Gisela Contreras López, actual presidenta del Poder Judicial del mismo estado y quien fuera consejera Jurídica, a quien señala por vínculo familiar y político con uno de los operadores aduanales investigados por el esquema de huachicol fiscal: Juan Carlos Madero Larios.
Este personaje, también denunciado por Döring, es esposo de la hermana de Contreras López, y fue señalado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, como “epicentro” de una supuesta red de extorsión, corrupción y facilitación para el contrabando de hidrocarburos desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
También aparecen en el escrito Horacio Duarte y Ricardo Perarla, ex directores de la ANAM, acusados de permitir o facilitar el ingreso del combustible ilegal.
La denuncia incluye a Javier Valdez Perales, actualmente presidente en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Tampico, señalado por complicidad, encubrimiento u omisión frente a la red de huachicol fiscal que operaba en la región.
Así como a Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas, señalado como uno de los actores clave en la presunta red de protección institucional.
Y es que al hijo del ex presidente se le menciona de encabezar una red de huachicol fiscal y contrabando de combustibles a través de amigos cercanos. Uno en particular es Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien en el sexenio pasado se convirtió en un próspero empresario.
Es considerado el operador central del grupo conocido como "El Clan" –bautizado así por Latinus--, y es el puente principal en las acusaciones que se les hacen por tráfico de hidrocarburos.
En abril de 2026, agencias de seguridad de Estados Unidos catearon las oficinas de la empresa Ikon Midstream en Houston, Texas, por una investigación penal de contrabando de combustible, la cual fungía como proveedora de hidrocarburos de Portacelis Gas and Oil, ligada al círculo íntimo de López Beltrán, pero sobre todo a Olán Aparicio.
Investigaciones de periodistas como Peniley Ramírez y Arturo Ángel, revelan que el hijo de López Obrador está señalado en una investigación de la FGR por un testigo colaborador, un capitán retirado de la Marina conocido como “Código Santo”, quien vinculó a López Beltrán en operaciones de huachicol fiscal.
Este testigo declaró ante las autoridades sobre presuntos pactos y la operación de una red de contrabando de combustible en puertos del estado de Tamaulipas en el que estuvieron presuntamente involucrados los hermanos Farías Laguna, sobrinos del secretario de la Marina en el gobierno de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán.
La operación de la red de huachicol fiscal que se vincula con la carpeta de investigación de la FGR se concentró en un periodo que abarca de 2023 a 2025, y tiene como escenarios los puertos de Tampico y de Altamira.
El puerto de Tampico era el punto principal de descarga a puerta cerrada, donde los buques con hidrocarburo eran descargado utilizando hasta 300 pipas; mientras que Altamira servía como punto alterno de los desembarcos.
Andrés Manuel López Beltrán informó el jueves por la noche que el Departamento de Estado le canceló la visa estadounidense, el gobierno y Morena utilizaron para lanzar un discurso en defensa de la soberanía, pero la oposición aprovechó para recordar las investigaciones en las que ha sido mencionado el hijo de López Obrador.
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