La ONU ya había advertido que eran necesarios 120 años para identificar los restos humanos hallados en fosas clandestinas
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La ONU ya había advertido que eran necesarios 120 años para identificar los restos humanos hallados en fosas clandestinas
México enfrenta lo que expertos clasifican como un “desastre forense” que se ha profundizado en la administración de Claudia Sheinbaum, en un contexto en el que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió que eran necesarios 120 años para identificar los restos humanos hallados en fosas clandestinas, sin contar los cuerpos que se suman cada día.
Aunque Naciones Unidas fijó el rezago en 52 mil cuerpos en 2022, el acumulado actual asciende a más de 72 mil personas fallecidas sin identificar, de acuerdo con el organismo y la Plataforma Ciudadana de Fosas, un proyecto que relanzaron Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana.
La crisis se agrava por la saturación de morgues y la persistente problemática de las desapariciones en el país, señala el documento “Cuerpos bajo resguardo del Estado, diagnóstico sobre el abandono forense en México”, también desarrollado conjuntamente por dichas organizaciones y la Ibero.
“México enfrenta un desastre forense sin precedentes. Miles de cuerpos no identificados permanecen bajo resguardo del Estado en fosas comunes, panteones ministeriales y morgues, incluido el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México.
“Lo que se denomina crisis forense es resultado de malas prácticas institucionales, irregularidades y negligencias que han comprometido los procesos de identificación, restitución, impartición de justicia y la construcción de verdad social e histórica”, se refiere en el análisis.
A esto se suma que la Fiscalía General de la República (FGR) incumple actualmente con su obligación legal de crear un registro público de fosas clandestinas, transparente y confiable, como lo establece el artículo 48 de la Ley General de Desaparición.
Al respecto, los colectivos de búsqueda como Regresando a Casa Morelos, fundado por Angélica Rodríguez Monroy, acusa que la FGR solo realiza una “búsqueda de oficina, detrás de un escritorio mandando oficios”, sin identificar los cuerpos; en tanto que Irma Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señala que el hallazgo de las víctimas recae en las familias, a pesar de que es una obligación del Estado mexicano.
Jessica Alcázar, de Artículo 19, sostiene que hay más de 72 mil cuerpos al resguardo del Estado que no están identificados, lo que representa una doble desaparición administrativa.
“La familia encuentra a sus seres queridos en fosas clandestinas, la autoridad interviene y existe una doble desaparición administrativa donde no tenemos certeza de quiénes son las personas o no hay un proceso de identificación tanto en las fosas comunes, en panteones ministeriales e inclusive en los semefos”.
No obstante que la ONU, a través del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada, advirtió en 2022 de la crisis forense en México, el panorama empeoró durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Los datos públicos obtenidos por Naciones Unidas revelaron que más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacían en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense, cifra que no incluía los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.
“El caos no es accidental. No hay un sistema único de registro, ni coordinación interinstitucional eficiente. Las bases de datos de huellas, ADN y registros dentales no están interconectadas. El INCIFO de la Ciudad de México no comparte información con otros estados y los fiscales estatales rara vez cruzan datos con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
“El resultado es un limbo burocrático donde los cuerpos se convierten en expedientes y éstos a su vez se pierden en el archivo muerto”, apuntan Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana en el diagnóstico sobre el abandono forense en México.
A pesar de que el gobierno ha referido una disminución en el número de homicidios, los expertos señalan que los altísimos niveles de violencia en el país “han convertido a los semefos en depósitos interminables de cuerpos sin identificar.
“El aumento de homicidios está directamente relacionado con el agudo problema forense, mientras que la falta de una estrategia clara para reducir la violencia y atender el rezago forense sólo perpetúa el ciclo de impunidad”.
“A la violencia homicida se suma un desastre humanitario con decenas de miles de personas desaparecidas en un país que no enfrenta una guerra o un conflicto armado, en un país en democracia. Hasta el 3 de septiembre de 2025, México registraba más de 133 mil 81 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.
Se indica que el número ha aumentado drásticamente en los últimos años, pues en 2024 se reportaron 13 mil 627 desapariciones, la cifra anual más alta a la fecha, mientras que en los primeros 200 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron cuatro mil 10 desapariciones, un promedio de 40 personas cada día.
Además, las cifras entre los hallazgos de fosas clandestinas, cuerpos y restos óseas reportados por medios de comunicación y colectivos de búsqueda son mayores que los que señalan las proporcionadas por las fiscalías estatales y la FGR, lo que evidencia subregistros oficiales.
Andrea Horcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dio a conocer que los nuevos datos revelan que entre 2023 y 2024 se documentaron en medios de comunicación por lo menos mil seis fosas clandestinas a nivel nacional comparado con mil 451 de las fiscalías estatales y 94 de la FGR.
La Plataforma Ciudadana destaca que la FGR notificó solo 18 fosas clandestinas en 2024 (concentradas en Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Colima y Michoacán), una cifra cuatro veces menor a las 76 fosas registradas en 2023.
Este dato contrasta con lo informado por las fiscalías estatales en 2024, que reportaron el hallazgo de 786 fosas clandestinas, 844 cuerpos y 289 restos y fragmentos óseos.
Entre 2023 y 2024, Sonora se colocó como la entidad con más fosas clandestinas con 317 registradas por la fiscalía local, seguida de Colima con 95, Baja California con 91, Coahuila con 61 y Jalisco con 59.
Respecto a las personas localizadas en estos sitios atroces, en ese periodo los medios informaron la exhumación de dos mil 17 cuerpos y dos mil 719 restos óseos, mientras que las fiscalías estatales notificaron únicamente mil 616 cuerpos.
De los cuerpos y restos que lograron ser identificados, 536 corresponden a hombres (77%) y 156 a mujeres.
La Plataforma Ciudadana de Fosas surgió ante la falta de información pública y sistematizada del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, cuya elaboración es responsabilidad de la FGR en coordinación con las fiscalías y procuradurías estatales.
El objetivo es dimensionar la magnitud del fenómeno ante la ausencia de registros completos y confiables por parte del Estado.
La actualización fue presentada por Lorena Reza Garduño y Edith Hernández, del colectivo Regresando a Casa Morelos; Andrea Horcasitas, coordinadora del PDH IBERO; Jessica Alcázar, coordinadora de Prevención de Artículo 19; Pamela Benítez, analista de datos de Data Cívica, y Fabricio Lorusso, del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Ibero León.
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