La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, y de tres directores del ayuntamiento –de Seguridad, Catastro y Predial y de Obras Públicas— acusados de extorsión a empresas de todo tipo incluyendo a las cerveceras y tequilera, mediante cobros y presiones desde el ayuntamiento, presunto desvío de recursos públicos y de vínculos y colaboración con el CJNG, es una buena noticia. En primer lugar, por los habitantes de ese municipio que, en principio, podrán vivir con mayor tranquilidad.
En segundo lugar, porque los detenidos son autoridades, es decir, parte de la estructura política vinculada al crimen organizado, esa terrible fusión que hace posible la gobernanza de los criminales, es decir, un nuevo orden social en que el poder político real, junto con los aparatos de seguridad y justicia, pasan a manos de delincuentes; y ese nuevo poder no tiene legitimidad social o política (elecciones), pues se fundamenta en las armas, la violencia y el miedo. Al quedar desprotegida la sociedad, se facilita el objetivo de ese nuevo arreglo: apropiarse del patrimonio de las familias, los ciudadanos y las empresas que, al saberse indefensos, casi no tienen otra opción que someterse e incluso colaborar con los criminales. Por tanto, al detener a los políticos involucrados se rompe una parte de esa gobernanza criminal.
Sin restarle méritos a la acción del gobierno federal, es necesario ir más allá de esos logros inmediatos y revisar a fondo dos temas: a) la continuidad de las acciones para destruir la gobernanza criminal por completo en ese municipio (las detenciones de esos funcionarios no terminan con ella) y, b) preguntar por la existencia de una estrategia nacional para enfrentar el problema que está presente en cientos de municipios y que crece constantemente como incendio en época de secas.
Con respecto al primer punto, lo poco que se sabe no es alentador. Destaca la marginación del gobierno estatal del operativo. Pablo Lemus, gobernador del estado, declaró que él se enteró pocas horas antes de las detenciones, es decir, no fue tomado en cuenta; además dijo que para garantizar la seguridad del municipio se están considerando tres escenarios (que el nuevo ayuntamiento se encargue; que lo haga la policía estatal o la Federación). En otras palabras, es un reconocimiento tácito de que no hay un plan de rescate de la Policía Municipal ni coordinación entre el gobierno federal y el estatal para decidir una estrategia común que garantice la seguridad más allá de inmediato y se avance en las acciones de combate al CJNG en esa región.
¿Quién va a hacerse cargo de esa tarea? ¿Otra operación como la de Sinaloa y Michoacán y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito de esos operativos sin apoyos estatales y municipales? Si las policías estatales y municipales no son confiables, ¿no debieran estar poniendo en marcha ya un programa de reestructuración de las policías locales y de la fiscalía estatal? ¿No se dieron cuenta ya de que operativos exitosos de detención de algunos alcaldes y funcionarios como la Operación Enjambre, en noviembre de 2024, o la Operación Liberación, contra la extorsión en Valle de Bravo en julio de 2025, sirven de poco si no tienen continuidad con las fuerzas de seguridad estatales y municipales?
En lo que se refiere a la estrategia nacional, la respuesta es obvia. No existe, a menos que se reduzca a lo que se ha hecho hasta la fecha: un operativo cada cinco meses en municipios seleccionados sin criterios o prioridades claras y sin planes de continuidad después de las detenciones iniciales.
La razón por la cual no hay un planteamiento serio, de alcance nacional y que no limite a los alcaldes la sabemos todos y se ha dicho de mil maneras: ir a fondo contra la estructura de protección política y policial, que permite las gobernanzas criminales en amplios territorios del país, es kriptonita para Morena y sus pretensiones de mantenerse en el poder eternamente. El pacto de impunidad construido por AMLO está vigente y Sheinbaum no puede o no quiere terminarlo; el caso de Adán Augusto –sin la coordinación de los senadores, pero con fuero y sin investigaciones por La Barredora— es la corroboración de que los operativos de García Harfuch se limitarán a los alcaldes más abusivos y descarados, como el de Tequila.
