Seis meses después de las acusaciones de EU, Rocha y sus cercanos siguen libres en México

A seis meses de que Washington acusara de narcotráfico al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a nueve integrantes de su círculo cercano, ninguno ha sido detenido por el gobierno de Claudia Sheinbaum; por el contrario, entre renuncias tardías, intentos de regreso al poder, licencias y blindajes en el Senado, los ocho implicados que permanecen en México gozan de total libertad.

La muestra más reciente es el caso de Dámaso Castro Saavedra, identificado en los expedientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como “Culiacán Regio” y enlace gubernamental con “Los Chapitos”, quien oficializó su renuncia al cargo de Vicefiscal de Justicia del Estado de Sinaloa apenas el pasado 5 de noviembre.

Castro Saavedra agotó puntualmente su licencia de seis meses sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una sola acción penal en su contra.

Después de la acusación que lanzó el gobierno de Donald Trump el 29 de abril de 2026 contra Rocha, además de funcionarios en activo y en retiro, todavía permaneció una semana en su puesto de vicefiscal. Fue hasta el 5 de mayo cuando solicitó licencia sin goce de sueldo argumentando disposición para atender cualquier requerimiento legal.

Su salida definitiva fue confirmada oficialmente este miércoles 11 de noviembre por la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Según los cargos presentados ante el Gran Jurado en Nueva York, Dámaso Castro Saavedra recibió sobornos de más de 10 mil dólares mensuales de “Los Chapitos”. A cambio, protegía a sus integrantes, a quienes alertaba de las operaciones federales y militares en su contra; además, les permitía mover libremente los precursores químicos destinados a narcolaboratorios instalados en Sinaloa.

Pese a la gravedad de los señalamientos y aunque compareció ante la FGR, el Ministerio Público de la Federación no le imputó delito alguno.

Con excepción del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el militar Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes se entregaron al gobierno de EU para negociar acuerdos de colaboración, los otros ocho implicados siguen libres en México.

Tal es el caso del propio Rubén Rocha, quien solicitó licencia tras revelarse sus nexos con “Los Chapitos”, pero intentó retomar las riendas de la gubernatura en agosto, desatando una crisis política que lo obligó a renunciar horas después, pero sin consecuencia legal alguna.

En la misma situación se encuentra el senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, quien pidió una licencia exprés en mayo y posteriormente se ausentó físicamente del recinto legislativo durante más de 100 días.

Tras ser obligado a dejar la bancada de Morena en agosto para declararse senador "independiente", regresó en septiembre a su escaño, donde actualmente cobra, legisla y se mantiene protegido por el fuero constitucional.

Tampoco han sido tocados el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil ni los exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”.

Lo mismo sucede con José Antonio Dionisio Hipólito y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, a quien Washington también le imputa el secuestro y asesinato de un informante de la DEA.