Hay noticias que nunca llegamos a leer. No porque carezcan de importancia, sino porque alguien recibió una amenaza antes de escribirlas. Detrás de ese silencio puede haber una familia intentando mantenerse a salvo y una comunidad que pierde la posibilidad de saber qué ocurre a su alrededor.
Reporteros Sin Fronteras volvió a señalar al Cártel Jalisco Nueva Generación entre los depredadores de la libertad de prensa. Su registro incluye ocho periodistas agredidos, amenazados o despojados de sus equipos mientras cubrían la violencia del 22 de febrero de 2026, posterior al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes. La advertencia merece atención por lo que revela: el crimen también busca decidir qué puede contarse.
La organización documenta 169 periodistas asesinados en México desde 2006; 100 cubrían asuntos policiales o relacionados con delincuencia. Son cifras nacionales, acumuladas durante distintas administraciones, que no deben atribuirse íntegramente a un solo grupo criminal. Pero permiten dimensionar el riesgo de investigar aquello que otros necesitan mantener oculto.
Desde este espacio, valoro profundamente la oportunidad de expresar mis ideas. Poder escribir, disentir y participar en la conversación pública implica una responsabilidad. También exige reconocer que las condiciones para hacerlo son desiguales. Hay periodistas que regresan a casa por las mismas calles donde operan las personas sobre las que informan. Su exposición continúa después de publicar.
Cuando una organización criminal amenaza a quien documenta una extorsión, una desaparición o un enfrentamiento, busca proteger sus operaciones y administrar el miedo. Si consigue que nadie pregunte, fotografíe o publique, aumenta su capacidad para imponer su versión. Una localidad puede dejar de aparecer en las noticias sin que su situación haya mejorado.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de buscar, recibir y difundir información. Esa palabra, recibir, nos involucra a todas y todos. La agresión contra una reportera o un reportero alcanza también a quienes necesitan información para tomar decisiones, reconocer riesgos o exigir respuestas.
Atender esta realidad exige instituciones fuertes y colaboración. Quienes enfrentan a las organizaciones criminales desde el servicio público también asumen riesgos que merecen reconocimiento. Precisamente por ello, proteger a la prensa debe formar parte de la seguridad: escuchar las amenazas a tiempo, evaluar cada contexto, coordinar respuestas y sostener investigaciones que alcancen a quienes ordenan las agresiones.
Los medios también tienen tareas: acompañar a sus equipos, revisar coberturas peligrosas y evitar que la precariedad obligue a enfrentar riesgos en soledad. Como sociedad, podemos dejar de interpretar el silencio como tranquilidad y de exigir heroísmo a quienes tienen derecho a volver con sus familias.
La libertad para contar lo que ocurre necesita condiciones materiales para ejercerse. Una amenaza atendida, una protección que funciona y una investigación que avanza hacen una diferencia concreta en la vida de quienes nos informan.
Agradecer la posibilidad de tener voz también significa usarla para que otras voces puedan seguir escuchándose. Porque cuando el miedo decide qué se publica, perdemos mucho más que una noticia: perdemos una parte de nuestra libertad y de nuestra capacidad para construir paz.
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