Desconfianza

México ha transitado por tres opciones partidistas en el poder –PRI, PAN y Morena– que ofrecieron honestidad, eficacia y mejores condiciones de vida. Sin embargo, sus gobiernos han terminado por generar decepción.

El problema está en quienes, al llegar al poder, olvidan sus convicciones y anteponen intereses particulares al bien público. Como dice el refrán, “en arca abierta, hasta el más justo peca”. Por eso resulta ingenuo confiar únicamente en la autocontención, las cartillas morales o los llamados a la virtud. Las instituciones necesitan reglas claras, transparencia y vigilancia.

Quizá uno de los procedimientos que más suspicacia despierta entre los mexicanos es el de elegir a sus gobernantes. Durante décadas, el sistema electoral careció de credibilidad. El PRI construyó una maquinaria eficaz para ganar elecciones, pero opaca, abusiva y atravesada por componendas.

Mario Vargas Llosa la calificó como una “dictablanda perfecta”; Carlos Fuentes la describió como “el ogro filantrópico”, y Daniel Cosío Villegas analizó el presidencialismo y su “estilo personal de gobernar”.

La crisis de 1988 evidenció el agotamiento de aquel modelo. Con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y el traslado del control de los comicios a un órgano colegiado, comenzó a recuperarse la confianza ciudadana. El IFE, como su sucesor, el Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo imperfecciones. Sin embargo, llegó a contar con contrapesos que hoy se extrañan: decisiones colegiadas en el Consejo General, un órgano interno de control con mayor capacidad de supervisión y reglas que limitaban facultades para la consejera presidenta en decisiones administrativas y en los nombramientos del Instituto.

En ese contexto, los señalamientos sobre presuntos vínculos entre proveedores del INE y personas cercanas a, Guadalupe Taddei, son delicados. Reportes periodísticos mencionan a José Alfredo Hernández Casillas como presunto operador o beneficiario de una red de proveeduría que habría obtenido contratos millonarios.

Según esas publicaciones, las compañías habrían obtenido asignaciones en procesos electorales federales y estatales. La red presuntamente relacionada con Hernández Casillas incluiría al menos siete empresas dedicadas a fabricar y suministrar urnas, mamparas, boletas y papelería especializada: Cajas Graf y Corporativo Zeg; Formas Finas y Materiales; Seriplast de México; Diseño, Reconstrucción y Comunicación; Formas Finas Fernando Fernández; Comercializadora Grupo Selati, y Tol Producciones.

Los reportes también refieren posibles flujos financieros atípicos y movimientos de recursos entre contratistas y cuentas vinculadas con personas del entorno electoral.

La Auditoría Superior de la Federación habría iniciado una investigación de oficio sobre contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales, por más de 500 millones de pesos. La revisión abarcaría la legalidad de los procedimientos, posibles sobreprecios, el cumplimiento de las entregas y eventuales conflictos de interés o colusión entre funcionarios y representantes empresariales.

Son señalamientos que deben esclarecerse, no responsabilidades acreditadas. Por la gravedad de las sospechas, la autoridad electoral está obligada a ofrecer información completa y permitir que las instancias fiscalizadoras actúen sin interferencias.

El domingo 26 de octubre se anunció la renuncia de Guadalupe Taddei, quien argumentó que su decisión buscaba resguardar la estabilidad de la institución responsable de organizar las elecciones. Pero una renuncia no devuelve, por sí sola, la estabilidad ni restablece la confianza. No sustituye las investigaciones ni determina quién debe responder.

La presidenta y Morena tienen que asumir la parte que les corresponde. Investigar administraciones anteriores no puede convertirse en cortina de humo ni en pretexto para eludir las preguntas del presente. La ciudadanía exige instituciones confiables, cuentas claras y consecuencias.

El INE no es patrimonio de un gobierno ni de un partido. Es una institución fundamental para garantizar que se respete el voto ciudadano. Si quienes deben organizar elecciones confiables no despejan las dudas sobre su actuación, ¿con qué autoridad podrán pedirle confianza al país?

La democracia no se sostiene con discursos: se sostiene con credibilidad. Y la credibilidad no se recupera con renuncias ni declaraciones, sino con verdad, transparencia y justicia.