México cae cuatro lugares en el Índice de Estado de derecho del WJP; se ubica en el 125 de 143 países

México ocupó el lugar 125 de 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de derecho 2026 del World Justice Project (WJP), publicado el 21 de octubre. El país obtuvo 0.39 puntos en una escala de 0 a 1, por debajo del promedio global de 0.55. En la edición 2025 había quedado en el lugar 121, con 0.40 puntos. La puntuación general cayó 2.7 por ciento.

En América Latina y el Caribe, México se ubicó en el lugar 28 de 32, la misma posición que el año anterior. Entre las economías de ingreso mediano-alto quedó en el 43 de 44, solo por encima de Irán. En 2025 estaba en el 38 de 41.

En materia de justicia penal, nuestro país ocupa el lugar 139 de 143, con 0.22 puntos. El factor cayó 21.2 por ciento entre 2021 y 2026, la mayor baja de México en ese periodo entre los ocho factores.

Respecto a los límites al poder gubernamental, se ubica con 0.39 puntos, lugar 109 a nivel global y 26 en la región, mientras que en cumplimiento regulatorio, obtuvo 0.41 puntos, lugar 118 de 143 y 27 de 32 en la región, y en derechos fundamentales está en el lugar 96 a nivel global con 0.46 puntos.

El WJP indicó que el Estado de derecho se debilitó en 62 por ciento de los países evaluados durante el último año, mientras que en 38 por ciento mejoró. 

Es el noveno año consecutivo en que los países con descensos superan a los que avanzan. Según el organismo, más de 86 por ciento de los países han tenido un declive sostenido durante cinco años en al menos una salvaguarda contra el autoritarismo (límites al poder gubernamental, transparencia gubernamental o derechos fundamentales), y México está entre ellos.

WJP señaló que las libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la supervisión del gobierno disminuyen en el país y en la mayoría de las naciones analizadas.

El índice se elabora a partir de más de 215 mil encuestas a hogares y 3 mil 400 encuestas a profesionales del derecho y expertos, y evalúa ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.