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Martha Magaña defiende la autonomía de los jueces frente a la presión por la Reforma Judicial

La jueza solicitó que la sesión fuera pública y se permitiera el ingreso a los medios y a la ciudadanía, pero la petición fue rechazada

Crédito: @marthakmagana

A más de nueve mil kilómetros de distancia y a través de una pantalla, la jueza en retiro forzoso Martha Magaña compareció por segunda ocasión ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en una audiencia que el propio órgano se negó a realizar de manera pública. En sus manifestaciones, expuso que la prisa política por aprobar la Reforma Judicial no podía estar por encima de la Constitución.

Vía remota desde Madrid, hizo hincapié en que la urgencia de cumplir ese propósito no debía determinar el sentido de una resolución judicial, menos aun cuando estaba en juego la modificación de todo un sistema de justicia: su estructura, la forma de designar a sus integrantes y el derecho de las personas a contar con juezas y jueces independientes.

Además del hermetismo, el TDJ - que preside la magistrada Celia Maya - volvió a incurrir en un desplante, ya que la audiencia se llevó a cabo sin la presencia de la secretaria ejecutiva ni de los integrantes de la comisión sancionadora, omisión que Magaña pidió asentar formalmente en el acta.

La sesión de este jueves arrancó con ocho minutos de retraso por fallas en el enlace digital. Al conectar, la jueza solicitó que la sesión fuera pública y se permitiera el ingreso a los medios y a la ciudadanía, pero la petición fue rechazada.

La diligencia duró alrededor de 10 minutos; al término, la juzgadora dio un mensaje público. Se declaró serena, pero firme en su defensa, respaldada por una estrategia legal sólida para hacer frente al proceso disciplinario abierto en su contra por otorgar dos suspensiones contra la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que a los integrantes del TDJ les dijo: “Mi resolución no fue un desafío al presidente de la República ni a su bancada. Fue el ejercicio de mi deber como jueza: proteger los derechos de las personas frente a los actos de autoridad”.

“Reiteré que la independencia judicial, que es un derecho de todas las personas, establece que ningún juez o jueza puede ser sancionado solo por el sentido de sus decisiones. No estar de acuerdo con una resolución no basta para convertirlo en una falta disciplinaria”.

Respecto al procedimiento en su contra, señaló que la diferencia, frente a otras resoluciones, fue su relevancia nacional.

“Se interponía en el propósito de los legisladores de publicar la reforma constitucional el 15 de septiembre de 2024. Para ellos, esa fecha representaba un hecho histórico. Para m como jueza, la urgencia de cumplir ese propósito no podía determinar el sentido de una resolución. Menos aun cuando estaba en juego la modificación de todo un sistema de justicia”.

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