Cada vez hay más indicios de la asociación entre cárteles del crimen organizado y miembros de la clase política en el gobierno. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del exgobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros 9 exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, además de las investigaciones de la PGR sobre el huachicol fiscal liderados por, presuntamente, los hermanos Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, son botones de muestra de muchas más señales de esa posible asociación.
A ello se suma la presencia de cárteles del crimen organizado en todo el país, que indican también el control territorial que tienen sobre amplias zonas del territorio nacional. Esa situación permite e implica la captura, sociedad o convivencia del poder político con el crimen organizado. No tienen por qué desaparecer las instituciones gubernamentales formales, simplemente el crimen controla aquellas que le permiten o facilitan su operación, como la seguridad, las obras públicas y hasta las sindicaturas de ayuntamientos y las correspondientes atribuciones a nivel estatal. Los ciudadanos continúan pagando sus impuestos, y también las cuotas por el cobro de piso que determinen los cárteles y sus administradores. La colusión del crimen con la autoridad es una consecuencia lógica de su expansión territorial.
En cualquiera de estos casos –tal como los periodistas, investigadores e incluso, la PGR describen detalladamente el huachicol fiscal y la operación de los cárteles criminales– se trata de redes de varios niveles que no implican una sola decisión ni un solo punto de corrupción, sino la complicidad de numerosos funcionarios y operadores criminales en toda la cadena delictiva, incluyendo el lavado de dinero que se vuelve una actividad incluso internacional. Donde hay indicios de que el poder político protector del crimen es de muy alto nivel, la sombra de protección se expande y la actividad criminal se multiplica.
Cuando los candidatos de Morena y cualquier otro partido se coluden con el crimen organizado para que les financien sus campañas o los ayuden a ganar, como presuntamente ocurrió en Sinaloa y posiblemente en San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Baja California y Veracruz, los compromisos que se adquieren entre ambas partes necesariamente corrompen las funciones del Estado y les dan “estabilidad” a los negocios criminales: no los van a perseguir, les facilitarán sus operaciones e incluso pueden llegar a marcar asociaciones lucrativas entre ambos. Más aún, esas asociaciones delictivas presuntamente se han convertido, en algunos casos notorios, en socios confiables del poder político para eliminar opositores, adversarios políticos y hasta periodistas y defensores de derechos humanos y del territorio. El caso del asesinato de Carlos Manzo, y de algunos de los periodistas asesinados en los últimos años, parece mostrar que el crimen organizado puede volverse el arma letal del poder político: quitar de en medio selectivamente a quien estorba.
Hay demasiados indicios y evidencia como para obviar esta realidad. La asociación de negocios y favores políticos entre fuerzas criminales y autoridades civiles y el poder político, constituye un grado más profundo que la simple cooptación o penetración del crimen organizado en áreas del gobierno. Si además esta sociedad contribuye a su propia expansión y a su permanencia en el tiempo, estamos frente a un reto inmenso como ciudadanos que aspiran a ostentar valores democráticos mínimos –como confiabilidad de las elecciones– y a mejores niveles de prosperidad y convivencia social.
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