La Constitución establece el derecho a la protección de la salud y la garantía del Estado para acceder a ella; el sistema de salud debe cumplir con este mandato y garantizar el acceso de la población a la prevención y atención de la salud.
Sin embargo, se trata de un Derecho Programático, sujeto a programas de gobierno y a los recursos con que se cuente, lo que acota y condiciona un derecho universal a la capacidad institucional del Estado para ofrecer los servicios garantizados de salud.
Institucionalmente el sistema se conformó por los servicios de la secretaría federal y las de los estados, acompañadas de instituciones de seguridad social locales y federales como el ISSSTE y el IMSS.
El IMSS se conformó como un referente de compromiso social del Estado mexicano que, con todo y sus insuficiencias, errores (algunos dolorosos) y desviaciones, ha sido la institución con la mayor cobertura de servicios de salud y seguridad social. Actualmente ofrece atención médica a más de 22 millones de trabajadores afiliados y a sus familias.
El IMSS también ha sido una alternativa del Estado para ampliar el alcance de las políticas de salud a zonas alejadas y a población marginada como lo fue el IMSS-COPLAMAR y hoy el IMSS-BIENESTAR. No obstante, la institución se ha visto afectada por decisiones que han ampliado sus responsabilidades y minado sus capacidades.
En el marco de deterioro y desorden del sistema nacional de salud, el cual inició con la desaparición precipitada del Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sumado a los cambios y crisis en la adquisición de medicamentos e insumos médicos y a la creación de la super farmacia, las capacidades de atención de la población y el abasto de insumos básicos y medicinas del sistema y de paso de instituciones como el IMSS, se vieron debilitadas.
Los fracasos del INSABI, de las compras de material e insumos médicos y de la Super farmacia, indican que en el sistema de salud pública todo salió mal y hoy lo pagan instituciones emblemáticas de la seguridad social y, especialmente, la población beneficiaria.
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