Un policía lleva horas de servicio. Apenas ha dormido, tiene problemas familiares y todavía recuerda aquella intervención en la que estuvo a punto de perder la vida. Frente a él, un ciudadano reclama y exige explicaciones. Tiene derecho a hacerlo. Pero el policía pierde el control, responde con insultos y termina utilizando la fuerza injustificadamente.
Minutos después, el video circula en redes sociales. La indignación es comprensible. Un ciudadano ha sufrido un abuso y exige justicia. Del otro lado, un policía debe responder por sus actos, pero también hay una historia de desgaste emocional que posiblemente nadie quiso ver.
Es un escenario hipotético, pero refleja una problemática real.
Durante los últimos meses, medios de distintas regiones del país han documentado abusos policiales, algunos presuntos y otros tan evidentes que las imágenes hablan por sí mismas. Las respuestas institucionales son prácticamente idénticas: separar a los involucrados, investigar, revisar protocolos y anunciar mayor capacitación.
Y así, hasta el siguiente video.
Podemos multiplicar los cursos, elaborar protocolos e incluso aprobar nuevas leyes. Pero mientras no trabajemos personalmente con quienes portan un uniforme, seguiremos atendiendo las consecuencias sin intervenir en el fondo del problema.
Porque detrás de muchos uniformes puede existir una auténtica olla de presión.
Hay un dato revelador. El College of Policing británico recoge estimaciones según las cuales, mientras una persona experimenta entre tres y cuatro acontecimientos potencialmente traumáticos durante su vida, un policía podría enfrentar entre 400 y 600 durante su carrera.
Ahora imaginemos esa realidad en México. Homicidios vinculados al crimen organizado, cuerpos con señales de violencia extrema, enfrentamientos armados, compañeros asesinados, amenazas contra sus familias y jornadas en las que la muerte se vuelve parte de la rutina. ¿A cuánto podría ascender esa cifra en determinadas corporaciones mexicanas? Ni siquiera contamos con mediciones suficientes para responderlo.
Y lo más preocupante es que esperamos que, después de vivir todo eso, las y los policías regresen al siguiente turno como si nada hubiera ocurrido.
En México enseñamos a utilizar armas, intervenir y cumplir procedimientos. Pero ¿quién enseña a manejar la frustración, controlar impulsos, reconocer emociones o identificar síntomas de estrés postraumático?
Las experiencias no desaparecen al terminar el turno. Algunas se acumulan silenciosamente hasta que una situación aparentemente menor puede detonar una reacción desproporcionada.
Esto no justifica abusos ni significa que el trauma necesariamente genere violencia. También existen conductas deliberadas, prejuicios y prácticas institucionales que deben sancionarse.
Pero conocer un protocolo no garantiza poder aplicarlo cuando las emociones desbordan.
Necesitamos atención psicológica permanente, herramientas de regulación emocional, acompañamiento después de eventos críticos y mandos capaces de detectar señales de alerta.
La responsabilidad de un abuso es individual, pero prevenirlo también es responsabilidad institucional.
Podemos seguir cambiando leyes, protocolos y policías. Sin embargo, mientras ignoremos lo que ocurre dentro de las personas, difícilmente conseguiremos resultados distintos.
Porque una olla de presión no deja de ser peligrosa por colocarle un instructivo más grande. Hay que atender la presión antes de que estalle.
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