Durante décadas, el petróleo financió escuelas, hospitales y carreteras. Cuando Pemex era un organismo público descentralizado, el gobierno federal le cobraba derechos por extraer hidrocarburos que pertenecen a la Nación, y esos recursos financiaban la educación, la salud y las participaciones de estados y municipios. Hoy como empresa de Estado ocurre lo contrario: el dinero del petróleo se queda en Pemex y los impuestos de los mexicanos completan lo que a Pemex le falta.
De enero a agosto de 2026, los ingresos petroleros del sector público sumaron 690 mil millones de pesos. De ellos, 515 mil millones correspondieron al rubro «ingresos propios» de Pemex y 175 mil millones al gobierno federal. En el mismo periodo, el ramo de Energía ejerció 138 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte fue inversión financiera para completar las necesidades de gasto de Pemex. En 2025, la SHCP coordinó operaciones por cerca de 26 mil millones de dólares —notas precapitalizadas y bonos soberanos con cuyos recursos Pemex recompró y refinanció su deuda— para reducir su costo y aliviar sus vencimientos. Pemex respiró, pero la deuda y su costo se trasladaron al gobierno federal. Entre 2018 y 2025, los ingresos petroleros del gobierno federal cayeron de 2.2% a 0.7% del PIB.
La reforma energética convirtió a Pemex en empresa productiva del Estado, con el mandato de crear valor, pero la empresa siguió perdiendo producción y acumulando deuda; al final del sexenio, el gobierno de Peña Nieto trató de detener el deterioro, tarde y sin éxito. López Obrador lo agravó con su política de refinación y reducción de exportaciones de petróleo, con sucesivas rebajas de derechos más la refinería de Dos Bocas. Con Sheinbaum, la nueva ley la convirtió en empresa pública del Estado y le quitó el mandato de generar valor. En los hechos, la renta petrolera dejó de ser de la Nación para ser de una empresa a la que nadie le exige rendimientos. Francamente, era mejor el organismo descentralizado con sus subsidiarias —Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica—, cuyos proyectos de inversión debían pasar por el análisis costo-beneficio de la Unidad de Inversiones de la SHCP. Si Pemex fuera una auténtica empresa productiva, rentable, podría quedar fuera del balance público, como ocurre en muchos países de la OCDE con las empresas estatales que operan con criterios de mercado. Mientras dependa del erario, sus finanzas deben consolidarse y transparentarse.
También indigna el silencio de los gobernadores. En el pacto federal actual, el gobierno federal gestiona los recursos naturales —el agua, el petróleo y los minerales— y monopoliza la política energética a través de Pemex y CFE. Las participaciones no son una dádiva ni transferencia: son la parte que corresponde a los estados por haber cedido al gobierno federal sus potestades tributarias sobre el ingreso y el consumo. Por ley, 80.29% de los ingresos petroleros del gobierno federal se suma a la recaudación federal participable, y 20% de esa recaudación forma el Fondo General de Participaciones. Cada peso de derecho petrolero que se deja de cobrar a Pemex le quita a estados y municipios alrededor de 16 centavos sólo por esa vía. De enero a agosto, las participaciones cayeron 1.8% real respecto al mismo periodo de 2025. ¿Dónde están los gobernadores y sus secretarios de finanzas? Callan porque los tienen agarrados desde el centro con la mañanera, o porque comparten partido con el gobierno federal; al callar renuncian a defender el dinero destinado a beneficiar a sus ciudadanos.
El cuadro general de las finanzas públicas es peor. A agosto, el déficit del sector público llegó a 739 mil millones de pesos, 37% más que su inversión física, de 539 mil millones. En el gobierno federal la situación es más grave: su déficit, de un billón 12 mil millones, casi triplica su inversión física, de 353 mil millones, y la inversión física que ejecuta directamente cayó 34% real, a 54 mil millones. Se endeuda para pagar gasto corriente, no para construir infraestructura que eleve la productividad. Sin el petróleo, el balance primario del sector público arroja un déficit de 607 mil millones, 67% mayor en términos reales que en 2025. El costo financiero de la deuda ya suma 823 mil millones, equivalente a 84% de lo pagado en participaciones.
Y 2027 promete más de lo mismo. El paquete económico programa otra vez un endeudamiento mayor que la inversión física y reserva recursos para sostener a Pemex. Una deuda que no deja carreteras, presas ni hospitales es una hipoteca sin casa: la pagarán quienes vienen detrás.
Pemex no necesita más dinero de los contribuyentes; necesita reglas: un mandato explícito de crear valor, proyectos evaluados al menos por la SHCP con criterios de rentabilidad y finanzas consolidadas y transparentes. Y los gobernadores necesitan recordar a quién representan: a sus ciudadanos, no al gobierno federal.
Fuente de las cifras: SHCP, Informe de Finanzas Públicas, enero–agosto de 2026; ingresos petroleros como % del PIB: SHCP e INEGI, cierres 2018 y 2025; operaciones financieras de 2025: comunicados de SHCP y Pemex; Ley de Coordinación Fiscal, artículo 2.
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