Edgar Ángeles Pérez pasó de ser secretario privado de Juan Carlos Martínez a Oficial Mayor; entregó a empresas vinculadas a su exjefe contratos por más de mil 458 millones de pesos
Edgar Ángeles Pérez pasó de ser secretario privado de Juan Carlos Martínez a Oficial Mayor; entregó a empresas vinculadas a su exjefe contratos por más de mil 458 millones de pesos

Una red de complicidades y lealtades, fraguada desde la la iniciativa privada, saltó al manejo de los recursos públicos en Hidalgo. La gestión de Edgar Orlando Ángeles Pérez como Oficial Mayor del gobierno estatal se ha traducido en la asignación millonaria de al menos 58 contratos —que suman más de mil 458 millones de pesos— a favor de empresas ligadas a su exjefe, el empresario Juan Carlos Martínez Domínguez.
Los hilos de esta relación, documentada desde abril de 2012 cuando Ángeles Pérez fungía como secretario privado de Martínez Domínguez en Celular Milenium, se extendieron hasta el aparato gubernamental.
Lejos de tratarse de un vínculo aislado, el paso del hoy funcionario por el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo y Prestadora de Servicios CELMI, consolidó una estructura de lealtades que hoy detenta contratos clave para la administración estatal —incluyendo el arrendamiento del Tuzobús y flotillas vehiculares—, operados bajo la sombra de un evidente conflicto de interés y con coincidencias financieras como la adquisición de un departamento al propio conglomerado empresarial por parte del Ángeles Pérez.
La relación entre estos dos personajes, de acuerdo con la declaración patrimonial del funcionario estatal, viene desde abril de 2012, cuando Martínez Domínguz era director general de Celular Milenium, y Ángeles Pérez era su secretario privado.
Esa primera relación laboral concluyó en enero de 2015, pero no por un rompimiento, sino porque el empresario fue nombrado presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, donde el hoy Oficial Mayor del gobierno de Julio Menchaca, también fungió como su secretario privado.
Una vez concluida esa encomienda empresarial, en agosto de 2016, Ángeles Pérez regresó a Prestadora de Servicios CELMI, S.A. de C.V. en el 2020, también como secretario privado de la Dirección General, cargo que ocupó hasta el 31 de agosto de 2022.
Cinco días después de dejar CELMI, fue nombrado, el 5 de septiembre de 2022, Oficial Mayor del Gobierno del Estado. Entre sus atribuciones en ese cargo están representar al estado en instrumentos relaciones con la administración de bienes, adquisiciones y arrendamientos del Poder Ejecutivo.
A partir de ese momento comenzó la operación para favorecer con contratos a las empresas relacionadas con el entorno de Juan Carlos Martínez Domínguez.
Esta red la conforman las empresas Rommify Capital, Green Movi/G100, Hidalmotors, CELMILENIUM/CELMI y Celular Milenium/Fibra OPCE.
Contratos millonarios
Rommify Capital, en la cual Martínez Domínguez es socio mayoritario con 150 acciones --el 75 por ciento--, ha sido la más beneficiada con 14 contratos por un monto de 895 millones 533 mil 283 pesos.
Al momento de las adjudicaciones a Rommify Capital, el titular de la Oficialía Mayor era Edgar Orlando Ángeles Pérez.
Esa empresa ganó, entre otras, la licitación del Tuzobús, el cual consiste en el arrendamiento de 175 vehículos. Obtuvo el contrato 421/2023 por 49 millones 12 mil 320 pesos y el 102/2024 por 55 millones 754 mil 234 pesos.
En uno de los contratos más grandes localizados por esta investigación, el gobierno de Hidalgo pagó 662 millones 421 mil 775 pesos; sin embargo, en la licitación nacional EA-913003989-N879-2025 hubo una propuesta que fue desechada y que era 230 millones menor que la presentada por Rommify Capital.
También se encontró que Green Movi/G 100 fue la segunda empresa más beneficiada de este entramado político-empresarial con 35 contratos por un monto de 483 millones 134 mil 790 pesos.
En el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía esa empresa aparece dentro de la estructura societaria de Rommify Capital con 10 acciones en la composición registrada en mayo de 2022. En esa misma estructura aparece Luis Ricardo Guinea Prado, con 40 acciones.
Como tercera empresa beneficiaria de los contratos firmados por el gobierno de Hidalgo está Hidalmotors, la cual obtuvo tres contratos por un total de 60 millones 754 mil 100 pesos por el arrendamiento de 60 vehículos.
Hidalmotors vuelve a conectar con un nombre que ya apareció en Rommify: Luis RicardoGuinea Prado, identificado dentro de la investigación societaria como socio fundador de Hidalmotors y accionista de Rommify.
En este caso, la secuencia empresarial es: Juan Carlos Martínez Domínguez, Rommify Capital, Luis Ricardo Guinea Prado, Hildamotors y Green Movi, accionista de Rommify.
También se encuentra entre las empresas CELMILENIUM/CELMI, la cual, a través de diversos contratos, obtuvo 9 millones 643 mil 35 pesos.
Constituida en 2004, es uno de los puntos de partida de la actividad empresarial de Juan Carlos Martínez Domínguez, y en la que el hoy Oficial Mayor del Gobierno de Hidalgo, Edgar Orlando Ángeles Pérez, laboró como secretario privado en dos etapas.
La participación de Martínez Domínguez como director general de Celular Milenium está documentada desde hace más de 10 años. En 2019 firmó, como director general, un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Otra línea que conduce a Celular Milenium son dos contratos por el arrendamiento de espacios en Vía Dorada, en Pachuca. En ambos instrumentos aparece esa empresa como contraparte privada y Ángeles Pérez por el gobierno de Hidalgo.
En 2026 cambió de razón social por la de Fibra OPCE, S.A. de C.V., --que sería la quinta empresa beneficiada—, la cual obtuvo 9 millones 166 mil 320 pesos por tres contratos.
Adquiere Ángeles Pérez departamento
En agosto de 2024, Edgar Orlando Ángeles Pérez adquirió a través de un crédito un departamento de 126 metros cuadrados por un valor de 3 millones 817 mil pesos, la empresa transmitente del inmueble fue Celular Milenium, S.A. de C.V., misma para la que trabajó años atrás y que también mantenía una relación contractual con el gobierno estatal.
La secuencia de esta operación es, por lo menos, sospechosa, toda vez que el 2 de enero de 2024 el gobierno de Hidalgo celebró el contrato de arrendamiento 11.47/24 con Celular Milenium, en el que aparece Ángeles Pérez en su carácter de Oficial Mayor y representante del estado.
El 13 de agosto de ese mismo año se foramlizó el contrato 164/2024 por 959 mil 271 pesos,en el que tambén aparece Ángeles Pérez como representante estatal, y al día siguiente adquirió a Celular Milenium el departamento por 3 millones 817 mil pesos.
Posteriormentem el 2 de enero de 2025, se celebró la firma de otro contrato, el 11.47/25 con esa empresa y con el mismo representante estatal, que es el Oficial Mayor.
La cercanía de las fechas no demuestra que exista una contraprestación entre ambas operaciones; sin embargo, la coincidencia temporal adquiere relevancia dentro del conjunto de relaciones documentadas entre la empresa y el gobierno del estado.
Ángeles Pérez debió excusarse
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga, por motivo de su empleo, cargo o comisión, “en cualquier forma” en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
La disposición establece que el servidor público, cuando advierte esa situación, deberá informarla al jefe inmediato o al órgano correspondiente y solicitar ser excusado de participar.
Por ello, si Edgar Orlando Ángeles Pérez hubiera considerado que su relación profesional previa constituía un impedimento respecto de la N879-2025, jurídicamente no bastaba con que otra persona asistiera en su representación. La excusa debía tramitarse como tal y producir su
separación de la atención, tramitación o resolución del asunto.
Sin embargo, en la documentación de la licitación EA-913003989-N879-2025 revisada para esta investigación no se ha localizado una solicitud de excusa de Edgar Orlando Ángeles Pérez por posible conflicto de interés, ni una determinación dentro del procedimiento que identifique su relación profesional previa como impedimento para intervenir en el asunto.

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