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La  FGR permite impunidad y autoritarismo

Culiacán, Sin.- En una carpeta de investigación (el expediente donde la fiscalía reúne todas las pruebas de un posible delito), las determinaciones o conclusiones son la decisión final que toma el Ministerio Público tras analizar todo lo investigado.

En palabras sencillas, es el momento en que la autoridad dice: "Ya investigué y esto es lo que vamos a hacer con el caso".

En 2021, la FGR emitió 153 mil 766 determinaciones y conclusiones. En 2025, solo 104 mil 334. Una caída de 32 por ciento de productividad, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del INEGI.

Al inicio de 2025, la FGR tenía 5 mil 932 órdenes judiciales (de aprehensión, captura, etc.) pendientes de concluir, al final del año el rezago fue de 5 mil 691. A ese paso, tardará 35 años en ponerse al corriente.

En 2021, quedaron pendientes de atender 168 solicitudes de apoyo pericial que hicieron los policías de investigación. En 2025, quedaron pendientes 2 mil 262. Se incrementó la falta de trabajo para resolver los casos.

La impunidad que se deriva de la ineficacia para investigar y perseguir el delito explica que los delitos registrados en las carpetas de investigación de la FGR se han elevado de 77 mil 737 en 2021 a 84 mil 144 en 2025.

No hay una Fiscalía General de la República capaz. Las muertes de Carlos Manzo, Debanhi Escobar y Héctor Cuén Ojeda fueron atraídos por la FGR y siguen sin resolverse. Los casos de Segalmex y Odebrecht, en el campo de corrupción, no registran avances ni los de los posibles campos de exterminio de Teuchitlán, Jalisco o el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que implican el homicidio de decenas de personas.

Luego de ocho años de que la cuarta transformación tomó en sus manos la fiscalía, el pueblo mexicano no ha mejorado su acceso a la justicia. El ciudadano común, no encontró una solución para proteger sus derechos ni para dirimir sus conflictos.

La promesa de justicia y fin de la impunidad resultó una mentira más.

Para lo que ha usado la casta política morenista a la Fiscalía General de la República es para la represión selectiva de la disidencia política, para la negociación de complicidades y para lubricar acuerdos con las élites.

La persecución del delito es un terreno esencial para ejercer contrapeso al poder. Implica su funcionamiento como poder autoritario y la violación de los derechos de cualquiera de los mexicanos.

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