Incertidumbre, inseguridad y corrupción frenan invertir en México, señala el Departamento de Estado

México mantiene una posición privilegiada para atraer capital extranjero por su cercanía con Estados Unidos y su integración a las cadenas productivas de Norteamérica; sin embargo, la inseguridad, la incertidumbre regulatoria, la corrupción y las dificultades para garantizar energía confiable se han convertido en obstáculos que frenan nuevas inversiones, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su informe Declaraciones sobre el Clima de Inversión 2026 de México, publicado en septiembre, el gobierno estadounidense identifica cuatro de las principales preocupaciones expresadas por los inversionistas: falta de acceso a energía confiable, inseguridad, corrupción e incertidumbre regulatoria.

El diagnóstico coincide con un escenario de bajo crecimiento. La economía mexicana apenas avanzó 0.6 por ciento en 2025, frente a un promedio anual de 2 por ciento entre 1994 y 2024. Para el Departamento de Estado, este desempeño, pese a la estrecha integración con Estados Unidos, revela problemas estructurales de baja productividad, débil inversión e incertidumbre regulatoria.

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en el sector energético. La reforma constitucional de 2024 otorgó un papel predominante a Pemex y CFE, restringiendo la participación privada.

Pemex obtuvo el derecho de preferencia en nuevos bloques de exploración y extracción,mientras que CFE debe generar al menos 54 por ciento de la electricidad que se incorpore a la red. El propio reporte señala que estas modificaciones han generado dudas entre inversionistas.

A ello se suma la inseguridad. Las empresas reportan que las condiciones de seguridad siguen siendo un factor para decidir si invierten en México. La Cámara Americana de Comercio estimó que los gastos relacionados con seguridad pueden representar hasta 5 por ciento de los presupuestos operativos de las empresas. 

El Departamento de Estado también reportó una tasa nacional de homicidios de 21.4 por cada 100 mil habitantes en 2025.

La incertidumbre jurídica constituye otro obstáculo. La reforma judicial, que contempla la elección popular de jueces, genera preocupación por una posible politización de los tribunales y por sus efectos sobre la independencia judicial. 

El reporte advierte que esto podría afectar la previsibilidad de las decisiones judiciales y la resolución de controversias para los inversionistas extranjeros.

También existen reclamos por la actuación del SAT. Empresas estadounidenses reportaron auditorías más agresivas, solicitudes excesivas de información, cancelaciones impredecibles de sellos digitales y retrasos en devoluciones de IVA que en algunos casos llegaron a seis meses.

México conserva ventajas para atraer capital

Pese al panorama, el Departamento de Estado reconoce que México continúa siendo atractivo para la inversión extranjera. Estados Unidos es su principal fuente de capital, con 36.6 por ciento del stock de inversión extranjera directa en 2024, mientras que los flujos totales de IED alcanzaron 40.9 mil millones de dólares en 2025.

El país conserva ventajas importantes: acceso preferencial al mercado estadounidense, estabilidad macroeconómica, un amplio mercado interno, mano de obra cada vez más calificada y costos laborales competitivos. 

Además, sectores como automotriz, aeroespacial, electrónico y financiero mantienen una fuerte integración con las cadenas productivas de Norteamérica.

El gobierno también ha impulsado el Plan México y nuevos esquemas de inversión público-privada, además de incentivos fiscales para nuevas inversiones. 

Sin embargo, el propio reporte advierte que, hasta ahora, los resultados son mixtos: inversión, crecimiento, creación de empleos formales, competitividad y productividad permanecen por debajo de las metas.

Así, el diagnóstico estadounidense deja una advertencia: México tiene la ubicación, el mercado y el acceso comercial para convertirse en uno de los grandes receptores de inversión del nearshoring, pero mientras persistan la inseguridad, la incertidumbre jurídica, los problemas regulatorios y las restricciones a la participación privada en sectores estratégicos, buena parte de ese potencial podría quedarse en promesas.