En editoriales, columnas de prensa, discursos y desplegados se invoca el "Estado de derecho" como fórmula mágica para conjurar males presentes y futuros. El gobierno asegura que sus reformas lo fortalecen y la oposición denuncia que lo deterioran; los empresarios lo exigen para invertir y los organismos internacionales lo miden con sus índices. Es una idea que sirve a todos y que, por eso mismo, corre el riesgo de vaciarse de contenido.
Conviene recuperar su sentido. El Estado de derecho reúne los instrumentos destinados a controlar el ejercicio del poder. Sus piezas son conocidas e incluyen leyes generales, públicas, y no retroactivas; división de poderes; derechos que ninguna mayoría puede suprimir, y jueces independientes capaces de frenar los actos ilegales del gobierno. Su razón de ser cabe en una frase del jurista alemán Reinhold Zippelius, "la historia de la libertad ciudadana es la historia de la limitación y control del poder del Estado".
El concepto se construyó frente al monarca absoluto y sirvió después para combatir al Estado totalitario. Hoy enfrenta riesgos de otra naturaleza. Para concentrar el poder no siempre hace falta un golpe militar, ni romper el orden constitucional. Basta con reformar la Constitución mediante mayorías electas y procedimientos formalmente válidos. A esto se le ha llamado "constitucionalismo abusivo".
Venezuela fue un laboratorio del fenómeno. La Constitución de 1999 suprimió el Senado, algo que, por sí solo, no vulneraba el Estado de derecho, pues diversas democracias tienen una sola cámara. Siguieron otras leyes que permitieron gobernar por decreto, restricciones a los medios y una justicia capturada y parcial. En 2015, según un estudio que cita el politólogo Javier Corrales, de 45,474 sentencias del Tribunal Supremo dictadas desde 2005, ninguna contradijo al gobierno. La jurista Kim Lane Scheppele llama a este fenómeno Frankenstate: piezas legítimas, tomadas de democracias consolidadas, que, una vez ensambladas, producen un monstruo
México ofrece su propia versión. Con 54.7% de los votos, la coalición gobernante obtuvo en 2024 72.8% de los escaños de la Cámara de Diputados. Esa mayoría le permitió aprobar reformas constitucionales que alteraron la arquitectura del poder. Entre otras, la reforma judicial y la desaparición de órganos con autonomía constitucional, como el Inai. Después vinieron otras leyes, menos visibles, que han ampliado y fortalecido las facultades del Estado con un potencial menoscabo de las libertades ciudadanas. El deterioro del Estado de derecho ha avanzado bajo una apariencia de legalidad.
¿Cómo orientarse entre tantos usos del concepto? La primera distinción: hacer algo con todas las de la ley no equivale a respetar el Estado de derecho. Una reforma puede cumplir todos los procedimientos y, aun así, eliminar los controles que limitaban a quien la impulsa. La segunda separa el mandato de sus límites: ganar elecciones da derecho a gobernar, pero no a usar el poder para preservarlo a toda costa.
Propongo al lector tres preguntas. ¿Las reglas cambian cada vez que estorban a quien gobierna? ¿Los jueces dependen del poder que deben controlar para llegar al cargo o conservarlo? ¿Queda alguna autoridad capaz de frenarlo y hacer cumplir sus decisiones? Si las respuestas son sí, sí y no, hay motivos para preocuparse.
Hay una paradoja favorable al concepto. Quienes lo erosionan rara vez lo repudian. Prefieren reformas, votaciones y sentencias que les presten apariencia de legalidad. Ese barniz es un homenaje involuntario que el vicio rinde a la virtud. Mientras el poder necesite disfrazarse de derecho, el Estado de derecho seguirá siendo la vara con la que los ciudadanos lo midan.
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