El aumento sostenido y generalizado de los precios en bienes y servicios —la inflación— erosiona el poder adquisitivo de la población. Para compensar este efecto, los salarios, rentas, intereses y demás ingresos deben crecer por encima de la inflación. Sin embargo, la inflación también castiga a quien ahorra y, en cambio, favorece a deudores que pagan tasas reales negativas.
En México, la gravedad del problema llevó a que en 1993 se otorgara la autonomía al Banco de México (Banxico), cuyo mandato es “procurar la estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda nacional”, utilizando la tasa de interés y el manejo de liquidez, y con la prohibición de financiar por instrucciones (Presidente) al gobierno. Si esto es así, ¿por qué la inflación no regresa de manera sostenida al 3% (±1%)? ¿Es Banxico el único responsable? Definitivamente no.
Tras la pandemia, Banxico elevó la tasa objetivo de 4.0% a 11.25% entre junio de 2021 y marzo de 2023, logrando reducir la inflación anual de 8.7% (septiembre de 2022) a 4.26% (octubre de 2023). La política monetaria fue restrictiva y frenó de manera importante el crecimiento del INPC.
Sin embargo, el Ejecutivo dejó de “acompañar” a la política monetaria, cuando en 2024 abandonó la disciplina fiscal y contrapunteó a Banxico. Aquí el meollo: el alza de tasas de interés busca atenuar el consumo y parte de la inversión, y mandar una señal para que el gobierno reduzca el déficit, no para ampliarlo. Sin embargo, la expansión del gasto anuló el esfuerzo: el endeudamiento se disparó, generó euforia y el déficit llegó a 5.7% del Producto Interno Bruto.
Cuando el gobierno empuja el gasto con deuda, Banxico debe subir todavía más la tasa para generar expectativas de que se mantiene firme en su propósito y conserva su reputación. Por eso la coordinación entre las políticas monetaria y fiscal no es opcional: es el complemento indispensable de la política monetaria sostenible.
Peor aún, los déficits se están destinando mayoritariamente a gasto corriente y subsidios, no a inversión productiva. Esto importa porque el destino del gasto público y su calidad inciden en la oferta de los bienes y servicios que más pesan en la inflación cotidiana. Los alimentos se encarecen con combustibles altos, transporte caro y malo, y carreteras deficientes que elevan mermas y tiempos; la falta de infraestructura hidráulica y en electricidad limita la producción y encarece el abasto. Los gobiernos estatales y municipales también influyen mucho: el transporte público, el desarrollo urbano y la disponibilidad de suelo para vivienda dependen en buena medida de ellos; sin coordinación, la construcción se retrasa y los arrendamientos siguen presionando.
Aunque a partir de 2025 el déficit ha disminuido, el superávit primario —ingresos menos gasto sin intereses— ha sido demasiado pequeño para frenar la bola de nieve del costo financiero. Si bien Banxico, por ley, no financia al gobierno, buena parte del fondeo proviene del ahorro cautivo de los trabajadores, su ahorro para el retiro (invento “neoliberal”).
En suma, si de verdad queremos recuperar la estabilidad del poder adquisitivo, hay que decirlo sin rodeos: México necesita un superávit primario mayor y sostenido, lo que implica una reforma de la hacienda pública; de otro modo, la deuda y sus intereses seguirán creciendo y Banxico se verá forzado a elevar tasas de interés, encareciendo el crédito y frenando la inversión.
Sin embargo, en este ajuste el gobierno debe gastar mejor y regular mejor para ampliar oferta y bajar costos justo en los rubros que más pesan en el INPC —alimentos, vivienda, transporte y salud— con políticas comercial y agropecuaria, de desarrollo urbano y vivienda con estados y municipios, de comunicaciones y logística, y de salud. Sin coordinación Banxico-gobierno el consumidor seguirá siendo el perdedor.
