El gobierno federal por fin admitió algo evidente: México necesita crecer y el Estado no tiene para financiar solo toda la infraestructura requerida. De esa realidad nació la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica y su recién publicado reglamento, el 8 de mayo. La apuesta es clara: volver a atraer capital privado para obras de largo plazo. Pero la pregunta de fondo es si este nuevo marco institucional podrá enmendar los errores de los últimos años.
La lección no aprendida
Ahí están los casos más visibles. La Refinería Olmeca terminó costando tres veces más de lo previsto. El AIFA sigue sin despegar en ingresos. El Tren Maya triplicó su costo y, en su primer año, movió apenas una fracción de los pasajeros prometidos. No fueron tropiezos aislados. Fueron decisiones empujadas desde el poder, sin frenos suficientes y sin voces con independencia real para detener proyectos que nunca debieron hacerse. Ese es el pasado que la nueva ley dice querer corregir.
Lo que el nuevo marco construye bien
Hay avances que vale la pena reconocer. Por primera vez, los proyectos que busquen financiamiento o respaldo público tendrán que pasar por una revisión formal para medir su utilidad, sus riesgos y el costo potencial para las finanzas públicas si algo sale mal. Además, el nuevo esquema abre la puerta para que parte del ahorro de largo plazo, como el que administran las Afores, pueda financiar infraestructura. También obliga al gobierno a transparentar cuánto dinero dejará comprometido en los próximos años.
La pregunta que define todo: ¿puede este marco decir que no?
Pero una buena ley no solo sirve para abrir la puerta a nuevas inversiones. También debe servir para cerrarles el paso a los malos proyectos. Esa es la prueba verdadera. Un plan puede sonar atractivo en el discurso oficial y aun así ser caro, inviable o insostenible. La pregunta decisiva es si este nuevo marco tiene dientes para frenarlo.
Por ahora, no del todo. El reglamento crea un Comité de Análisis de Riesgos con especialistas de Hacienda y Banobras, pero sus opiniones no obligan a nadie. El poder final sigue en manos de un consejo encabezado por el Ejecutivo y su gabinete, que puede ignorar esas alertas sin dar demasiadas explicaciones. Tampoco quedaron fijados pisos mínimos de rentabilidad social ni topes claros a los riesgos que puede cargar el Estado. En otras palabras: hay más revisión, pero no necesariamente más freno.
Un nuevo marco que no mejora al que destruyó
Hay otro problema que pesa tanto como la letra de la ley: la confianza. Quien invierte a 20 o 40 años necesita saber que, si el gobierno cambia de opinión o incumple, habrá una instancia capaz de hacer valer las reglas. Sin esa certeza, el dinero no desaparece, pero se vuelve más caro. Y cuando el financiamiento sube de precio, también sube el costo de la infraestructura para el país.
Los candados que harían la diferencia
El nuevo marco todavía podría fortalecerse con medidas concretas. Una sería volver obligatoria la opinión del Comité de Riesgos o, al menos, forzar al consejo a explicar por escrito por qué la desoye. Otra, fijar criterios mínimos para medir si un proyecto realmente le conviene al país. También ayudaría crear un fondo para cubrir contingencias y evitar que las pérdidas terminen cayendo de golpe sobre el erario. Y, en los contratos más grandes, haría falta una protección adicional para los inversionistas frente a cambios unilaterales de reglas.
El veredicto
La nueva ley parte de un diagnóstico correcto: el viejo modelo ya no alcanzaba. El problema es que reconocer el fracaso no basta. Si el gobierno quiere que esta vez entren recursos privados sin repetir despilfarros, necesita algo más que procedimientos: necesita límites reales para el poder político. De otro modo, México puede terminar con una mejor forma de administrar grandes errores, no de evitarlos.
Recomendar Nota
