Mariana Calderón Arumburu
Dicen desde el poder que en México no se censura. Y puede ser cierto. No parece haber un censor sentado en las redacciones con un lápiz rojo, ni periódicos clausurados por decreto, ni programas sacados del aire por una llamada de Gobernación, como ocurría en otra época. Si por censura entendemos esa imagen clásica, la del funcionario que tacha, prohíbe y confisca, el gobierno tiene razón.
Pero la pregunta correcta no es si el Estado censura, sino si hoy es más fácil o más difícil decir lo que uno piensa en este país. Y la respuesta es que cada año cuesta un poco más. No por un golpe de fuerza, sino por una suma de decisiones, normas y prácticas, muchas adoptadas por vías legales y con una justificación plausible. Nadie prohíbe; simplemente se vuelve caro, riesgoso o agotador hablar. Y cuando hablar se vuelve caro, la gente aprende sola a quedarse callada.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt lo describen en Cómo mueren las democracias. Uno de los primeros síntomas de un gobierno con tentaciones autoritarias, advierten, es su disposición a restringir las libertades de sus críticos, empezando por los medios. Pero los autócratas modernos rara vez cierran periódicos o encarcelan periodistas por decreto. Prefieren la ley; esto es, demandas por difamación, multas desproporcionadas, concesiones que no se renuevan, reguladores dóciles. Todo con apariencia de legalidad. Y lo más eficaz, señalan los autores, no es el castigo en sí, sino el miedo a recibirlo. La autocensura hace el resto del trabajo.
Esa forma menos visible de restringir la palabra también tiene una traducción jurídica. Los artículos 6º y 7º de la Constitución protegen no sólo el derecho a expresar ideas, sino también a difundir información. Al tiempo, el artículo 13 de la Convención Americana no se limita a prohibir la censura previa, también proscribe las restricciones indirectas encaminadas a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. La libertad de expresión, por tanto, puede erosionarse sin que nadie ordene callar; basta con que la violencia, la estigmatización, los procedimientos y las sanciones hagan que la persona termine haciendo por sí misma lo que el Estado no podría ordenarle directamente.
Ésta es precisamente la pregunta que vale la pena hacerse hoy en México. No si existe un censor que decide qué puede publicarse y qué no, sino si se han ido acumulando condiciones que hacen más difícil informar, opinar y criticar. En los últimos años se han sumado factores, medidas, decisiones y prácticas muy distintas entre sí. Cada una, observada de manera aislada, puede parecer menor, discutible o incluso justificable. El problema aparece al mirarlas en conjunto, pues todas pueden contribuir, por vías diferentes, a elevar el costo de ejercer la libertad de expresión.
1. Violencia e impunidad contra periodistas
El primer factor es la violencia. En México, para muchos, ejercer el periodismo sigue exigiendo jugarse la vida. En 2025, según el informe Estructuras de silencio de Artículo 19, siete periodistas fueron asesinados y uno más desapareció; la prensa sufrió 451 agresiones, una cada 19 horas. Desde el año 2000, la organización ha documentado 181 asesinatos posiblemente vinculados con el oficio, y en lo que va de este sexenio la cifra ya supera la docena. Sin estar en guerra en términos formales, México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para contar lo que pasa.
Es cierto que la mayoría de estos crímenes no salen de Palacio Nacional. Los cometen el crimen organizado, caciques locales, policías municipales y políticos de provincia. Pero al Estado no le toca sólo abstenerse de disparar; le toca proteger, investigar y castigar. Y ahí la impunidad persiste como la regla. Artículo 19 advierte, además, que una parte importante de las agresiones proviene de los propios funcionarios públicos. Cuando matar a un periodista no tiene consecuencias, lo que sigue es, por miedo, dejar de informar.
2. La estigmatización desde el poder
El segundo factor es la conferencia matutina. Con Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el principal escenario para descalificar a la prensa. Durante seis años escuchamos frases como: “prensa fifí”, “conservadores”, “hampa del periodismo”. Existió incluso una sección, Quién es quién en las mentiras, dedicada a exhibir a periodistas con nombre, apellido y fotografía. Además, este instrumento de comunicación se replicó por los ejecutivos estatales a nivel local. En 2025, un tribunal reconoció que las expresiones de acoso, represalia o denostación contra periodistas desde las conferencias presidenciales vulneraban la libertad de prensa y podían generar un riesgo de autocensura.
Claudia Sheinbaum bajó el tono, hay que reconocerlo. Pero la lógica se quedó. La sección ahora se llama Detector de mentiras, y a ella se sumó otro segmento con un nombre casi irónico: “Derecho de Réplica”. El 12 de agosto, la consejera jurídica de la Presidencia presentó desde Palacio Nacional lo que denominó un “ecosistema de amplificación digital”. En su primera capa colocó 54 cuentas de medios y comentaristas, varios de ellos periodistas críticos del gobierno, a quienes atribuyó la función de “originar” y “legitimar” determinadas narrativas. El gobierno sostuvo que no era una lista negra, sino un análisis técnico. Pero el efecto fue que desde la tribuna más poderosa del país se señaló, con nombre y apellido, a quienes critican al poder.
Este tipo de ejercicios no necesitan prohibir nada. Basta con mencionar, señalar y calificar. Nadie quiere ser mencionado. El resultado es la autocensura; periodistas que evitan ciertos temas, suavizan sus críticas o deciden no publicar. A eso los abogados le llamamos efecto inhibidor. En la calle se le llama miedo.
3. Un modelo de comunicación política heredado
Sería injusto y falso decir que este gobierno inventó el control de la comunicación. La relación entre el poder y la prensa en México ha sido históricamente de dependencia. José López Portillo lo resumió en 1982 con una frase que se volvió emblema: “No pago para que me peguen”.
Durante décadas, la publicidad oficial ha servido como premio para los medios dóciles y castigo para los críticos, y los gobernadores, de todos los partidos, han perfeccionado ese arte en sus estados. Este gobierno no creó ese modelo. Lo heredó dentro de una relación históricamente marcada por la dependencia entre medios y poder. La cuestión relevante es si las nuevas formas de comunicación estatal han modificado esa estructura o, por el contrario, han añadido nuevos instrumentos a una lógica que ya existía.
4. El modelo de comunicación y sus efectos sobre la expresión
Además de los factores analizados, hay uno jurídico, porque se apoya en causas legítimas. Tras la elección de 2006, México construyó un modelo de comunicación política basado en la desconfianza. La reforma electoral de 2007 prohibió a partidos y particulares comprar tiempo en radio y televisión, puso a la autoridad electoral a administrar los espacios del Estado y le dio facultades para vigilar y sancionar lo que se dice en la contienda. La intención era evitar que el dinero comprara elecciones.
El problema aparece cuando un modelo diseñado para garantizar la equidad electoral incrementa progresivamente la capacidad del Estado para intervenir en la circulación del discurso político. Y un modelo pensado para regular a partidos en tiempos de campaña fue ampliando su alcance, poco a poco, hasta llegar a las redes sociales, a los medios digitales y a las publicaciones de periodistas y ciudadanos, dentro y fuera de los procesos electorales. Hoy, cualquiera que opine sobre política puede terminar sometido a un procedimiento sancionador ante la autoridad electoral.
La herramienta más grave de ese modelo son las medidas cautelares, que permiten ordenar que se retire un contenido mientras se resuelve una queja. En radio y televisión tienen lógica, pues es un espacio escaso, concesionado por el Estado. En Internet, no. Las redes sociales son el lugar donde periodistas y ciudadanos opinan y critican, y donde cada quien decide qué lee. Aun así, la autoridad electoral ordena en cuestión de horas bajar publicaciones, sin escuchar antes a la persona señalada. Primero se retira el contenido; después, si acaso, se discute si era legítimo.
La violencia política contra las mujeres en razón de género se ha convertido en la vía más frecuente para activar este mecanismo. La figura nació para enfrentar un problema real y grave, y nadie serio discute su necesidad. Artículo 19 ha documentado cómo se usa contra periodistas y ciudadanos que sólo informaron u opinaron sobre asuntos públicos. El caso más claro es el de Karla María Estrella, una ciudadana de Hermosillo que en 2024 publicó en la plataforma X que la candidatura de una diputada se debía a la influencia de su esposo. El Tribunal Electoral la sancionó con una multa, cursos de sensibilización, su inscripción en el registro de personas sancionadas, la orden de borrar sus publicaciones y de no volver a hacer comentarios similares, así como la obligación de publicar durante 30 días una disculpa pública.
5. Los lineamientos de las audiencias
Otra pieza reciente son los llamados lineamientos de las audiencias. El 28 de julio, en la propia conferencia mañanera, se presentó el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborado por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La primera versión incluía obligaciones sobre la veracidad de la información, la posibilidad de que el regulador interviniera en las quejas en cualquier momento y multas de hasta el 1% de los ingresos de los concesionarios.
Medios, académicos, legisladores y organizaciones civiles advirtieron que se abría la puerta para que un órgano del gobierno terminara calificando contenidos. Hubo más de seis mil comentarios en la consulta pública. El 28 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una versión corregida; la autoridad administrativa, supuestamente ya no revisará contenidos ni decidirá qué noticia es verdadera, y sólo sancionará a quienes no tengan defensoría de audiencias o código de ética.
Se podría leer esto como una historia con final feliz, pero el problema de fondo sigue ahí. Lo que revela el proyecto original es la idea de que la mejor manera de proteger a las audiencias es darle a una autoridad, sin autonomía constitucional, herramientas para intervenir en lo que los medios dicen. Es la misma lógica del modelo electoral. También ahí se empezó con una facultad acotada y razonable, vigilar los spots de radio y televisión en campaña, y con los años esa facultad terminó alcanzando las redes sociales, a periodistas y a ciudadanos.
Los derechos de las audiencias son una conquista legítima, reconocida en la Constitución desde 2013. Pero se garantizan con más pluralidad, más medios, defensorías independientes y autorregulación, no con más facultades para que el Estado se coloque entre los medios y su público. Que esta vez se haya retrocedido no borra el hecho de que alguien redactó la versión original y alguien la presentó desde el atril presidencial.
6. Un modelo de comunicación estatal sin contrapesos
El sexto factor es la construcción, desde el Estado, de un aparato de comunicación enorme. La mencionada conferencia diaria como fuente principal de la agenda nacional; el Sistema Público de Radiodifusión y sus plataformas convertidas en amplificadores del discurso oficial; Infodemia, un proyecto gubernamental dedicado a decidir qué es falso; una Agencia de Transformación Digital con amplias facultades sobre el ecosistema digital. En 2025 desapareció el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucionalmente autónomo, y en su lugar se creó una Comisión Reguladora con mucha menor distancia del Ejecutivo. Cada pieza, por separado, tiene una justificación; juntas, concentran en el gobierno la capacidad de hablar, de desmentir y de regular.
Nada de esto es ilegal. Un gobierno tiene derecho a comunicar. El problema es la asimetría. El Estado se ha dotado de una voz cada vez más potente, mientras que los derechos de quienes lo escuchan, es decir, de las audiencias ⎯a las que nos acabamos de referir⎯, no se fortalecen en la misma medida. La Mañanera es el mejor ejemplo. Desde ahí se menciona, se señala y se califica a periodistas y ciudadanos frente a millones de personas, pero quien es aludido no tiene garantía de audiencia ni un mecanismo para responder en ese mismo espacio. El señalado tiene que defenderse en sus propios medios, con una fracción del alcance, y las audiencias se quedan con una sola versión de los hechos.
7. La nueva frontera digital
La nueva frontera está en Internet. En estos días se discuten reformas en materia de propiedad intelectual que parten de objetivos legítimos, como son combatir la piratería, proteger los derechos de autor y evitar que signos oficiales o identidades gráficas sean utilizados para cometer fraudes. El problema aparece, una vez más, cuando la amplitud de las normas puede terminar alcanzando expresiones que pertenecen al debate público.
Una de las disposiciones que ha generado mayor discusión es la que sanciona penalmente determinados usos o imitaciones de signos e identidades gráficas oficiales. Sus críticos han advertido que, si no se establecen con claridad excepciones para la sátira, la parodia, la caricatura y el ejercicio periodístico, una redacción demasiado amplia podría alcanzar expresiones protegidas por la libertad de expresión. El gobierno y quienes respaldan la reforma sostienen, por su parte, que la finalidad es combatir la falsificación, el fraude y la piratería.
Porque en México el meme no es sólo entretenimiento. Es también una forma de participación política. La libertad de expresión protege justo aquellas manifestaciones que incomodan, exageran, ridiculizan o provocan. Cuando la frontera entre la parodia permitida y la conducta sancionable no es suficientemente clara, aparece otra vez el efecto inhibidor.
A esta discusión se suma una reforma en materia de derechos de autor, que plantea nuevas obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de Internet respecto de los contenidos publicados por sus usuarios. También aquí existe un objetivo legítimo, pero trasladar a intermediarios privados el riesgo de responder por contenidos ajenos genera una lógica de eliminación preventiva. Y ése es el punto relevante para la libertad de expresión. La censura en Internet no siempre necesita que una autoridad ordene directamente borrar una publicación. Puede bastar con diseñar un sistema de responsabilidades en el que, para evitar sanciones, la plataforma encuentre más conveniente eliminar primero y preguntar después.
8. La desaparición del INAI y el derecho a saber
Hay una última pieza que no suele aparecer en estas discusiones, pero que está en el centro y es el derecho a saber. La libertad de expresión no es sólo el derecho de una persona a decir lo que piensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido desde hace décadas en que tiene también una dimensión social; el derecho de toda la sociedad a recibir información, a conocer opiniones distintas y a enterarse de lo que hacen sus gobernantes.
Desde esa perspectiva importa la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 2025. La reforma extinguió al órgano constitucional autónomo y trasladó esas funciones a Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al que la normativa reconoce autonomía técnica y operativa, pero que ya no cuenta con la autonomía constitucional que tenía el INAI. Cuando una persona solicita información al gobierno, el conflicto aparece precisamente porque es el propio gobierno quien posee los documentos y, en ocasiones, quien tiene incentivos para no entregarlos. Por eso importa quién resuelve cuando la autoridad se niega. La libertad de expresión necesita voces libres, pero también información disponible.
La libertad de expresión no se pierde de golpe
Ninguna de estas piezas, por sí sola, es el fin de la libertad de expresión en México. Seguimos publicando artículos como éste. Hay medios críticos, hay periodistas valientes, hay jueces que todavía corrigen abusos. Pero justamente ése es el punto de Levitsky y Ziblatt; la erosión democrática no se nota porque nunca llega de golpe. Se nota cuando uno mira hacia atrás y descubre que, sin que nadie lo prohibiera, ya no se dicen las cosas que antes se decían.
A las restricciones modernas les basta con que el periodista sepa que hay impunidad frente a las agresiones a los miembros de su gremio; con que el columnista sepa que mañana podría aparecer en la pantalla de Palacio Nacional; con que el reportero sepa que una nota sobre nepotismo puede costarle una sanción económica; con que el caricaturista sepa que su dibujo podría ser leído como delito; con que la plataforma sepa que le conviene borrar. Nadie censura, pero todos aprenden a callar.
La libertad de expresión rara vez se pierde en un solo día. Se pierde en los días en que hablar empieza a parecer más costoso que guardar silencio. Por eso defender la libertad de expresión no es un gesto de oposición a un gobierno. Es defender la posibilidad misma de discutir, cuestionar y disentir de cualquier poder.
*Mariana Calderón Aramburu. Abogada especializada en derecho constitucional, electoral y derechos humanos. Maestra en Derecho Electoral y doctoranda en Derecho. Dirige el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, desde donde impulsa litigios de alto impacto en defensa de los derechos fundamentales y la democracia. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y es académica, conferencista y autora de diversas publicaciones jurídicas.
@Mcalaram
