Cíntalapa registró 88 mil habitantes en 2020. Es frontera de Chiapas con Oaxaca por lo que forma parte de un corredor logístico clave para el tráfico de indocumentados, de armas y de drogas. Los cárteles se disputan el control de esas rutas de tránsito ilegal y de asiento de redes de extorsión y narcomenudeo.
El caso de Cintalapa es uno de los más ilustrativos de la llamada “Operación Enjambre”. El 6 de enero de este año fue detenido el presidente municipal morenista por malversación de fondos y por vínculos con la delincuencia organizada.
En diciembre de 2025, antes de la detención del alcalde, la tasa de delitos que sucedían en ese municipio era de 13.92 por cada cien mil habitantes según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por arriba de la tasa total del estado: 8.82.
En agosto reciente, luego de la intervención de la “Operación Enjambre”, la tasa de Cintalapa fue de 28.43. Más que antes. También superior a la de agosto de 2025, que fue de 15.96.
No se ha recuperado ni la paz pública ni la seguridad ciudadana.
Según los análisis periodísticos, el corredor de la región Valles Zoque vive un auge de tráfico de personas; las células delictivas siguen recurriendo al reclutamiento forzado y el uso de drones de vigilancia y mantienen una disputa abierta por el monopolio delictivo.
La “Operación Enjambre” tampoco ha recuperado el control del territorio.
La operación ha detenido a 15 presidentes o ex presidentes municipales que gobernaban al 0.42 por ciento de la población del país, ni un punto porcentual. Salvo Juchitán, son ayuntamientos muy pequeños.
Santo Tomás de los Plátanos, Edo de Mex ( 9 mil 769 habitantes); San Nicolás Buenos Aires, Pue. (10 mil 464); Teuchitlan, Jal (9 mil 647), entre ellos. Muy poca fuerza política e importancia electoral.
En ese nivel sale barato tomar medidas que se pueden vender caro al anunciarlas rimbombante como detención de “políticos de todos los partidos”.
Son seis estados los involucrados en la detención de alcaldes; Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Jalisco y Morelos. Notoriamente no se ha incluido a Sinaloa y a Tamaulipas que son casos que determinan la crisis de inseguridad nacional por ser escenarios de la mayor confrontación entre grupos del crimen organizado y del mayor suceso de macrocriminalidad que afecta al erario público: el “huachicol fiscal”.
Los resultados y la profundidad de la intervención de la “Operación Enjambre” no dan muestra de que se esté afectando la gobernanza criminal en los distintos territorios donde es evidente el control por el crimen organizado.
No se ha erradicado el control territorial por parte de los cárteles solo se han limado sus reflejos más visibles.
La trascendencia ha sido más bien mediática.
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