Como piezas de rompecabezas, se va armando una imagen tenebrosa de lo que ocurre en los pasillos del poder en Baja California.
Carlos Torres, quien fue esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, forma parte de la red criminal de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa al servicio de Ismael Zambada Sicarios El Mayo Flaco y de Juan José Ponce Félix, El Ruso.
Torres era un personaje de influencia en el gobierno de su mujer, incluso tenía un cargo honorario de proyectos especiales que le fue retirado cuando se supo que él y su cónyuge se habían quedado sin visa para entrar a Estados Unidos.
Se tuvieron que divorciar, pero los rastros de aquellos días de poder y de gloria llegaron a cobrar factura en un mensaje del Departamento del Tesoro que reveló el organigrama de La Mayiza en la península.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros no se ocupa de asuntos penales, pero sus sanciones suelen ser la antesala de estos. Si las cuentas se congelan y se impide operar a las empresas, las capturas de los involucrados son cuestión de tiempo.
El tema es, además, delicado porque Los Rusos son los responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos y controlan los mercados ilícitos en Mexicali.
Los últimos cinco años, según un análisis de InSight Crime, han sido los de su consolidación en la región.
“Los Rusos regulan a todos los actores involucrados en la distribución. Para ello han dividido a la ciudad (Mexicali) en territorios controlados por pandillas”.
Torres jugó cartas de alto riesgo y las consecuencias legales apenas se están esbozando, pero pueden tener un impacto similar al de Sinaloa.
A estas alturas parecen claros los motivos del retiro de la visa, pero las responsabilidades de otros servidores públicos se van acreditando.
Por ejemplo, Pedro Ariel Mendívil, el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, era el encargado de entregar los pagos mensuales de 150 mil dólares a Torres a cambio de protección y de la facilitación de los negocios de La Mayiza.
Para el Departamento del Tesoro, “la corrupción de funcionarios estatales que protegen las actividades delictivas de este grupo ha llegado hasta los más altos niveles del estado de Baja California”.
También hace referencia a la red que se encarga del lavado de activos y que utiliza los presupuestos para campañas políticas.
Más valdría que esta vez se actúe, desde México, con anticipación, antes de que lo haga el FBI o la DEA y luego vengan los reclamos y las disputas.
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