Ahora creen que los cuerpos de normalistas pudieron ser incinerados en una funeraria

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse, admitió el gobierno de México; sin embargo, se fortaleció la línea de investigación respecto a que los normalistas pudieron ser incinerados en funerarias ligadas a Guerreros Unidos.

Al dar a conocer los avances de la indagatoria, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) informaron que los testigos colaboradores Sonia, Damián y Neto revelaron que algunos normalistas posiblemente fueron trasladados a dichas instalaciones para desaparecer evidencia mediante la cremación de sus cuerpos.

Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de la FGR, y Arturo Medina, subsecretario de la Segob, dijeron que los testimonios y un reanálisis integral de información telefónica consolidan la hipótesis de la existencia de una red criminal que utilizaba ese mecanismo de desaparición bajo las órdenes de la delincuencia organizada.

Pazarán destacó que ello permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores, como las comunicaciones entre servidores públicos, policías y delincuentes, por lo que fueron detectados 17 nuevos implicados.

De esta manera, una de las líneas lleva a la funeraria “El Ángel” y “Funerales Económicos Rueda”, cuyos dueños, el empresario Rodolfo Rueda y su familia, también eran concesionarios de la operación del Servicio Médico Forense de Iguala y de la administración del panteón municipal.

“Como se observa, Rodolfo tenía el control, desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación, la certificación de las causas de muerte, el resguardo de cuerpos, así como la autorización y destino de estos”, detalló.

En agosto de 2025 se determinó que Rueda utilizó el 4 de octubre de 2014 el teléfono del estudiante Julio César Mondragón. “Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes.

“Es por ello que en octubre de 2025 realizamos un cateo en la funeraria ‘El Ángel’, donde encontramos irregularidades relevantes, y dentro de la misma propiedad funcionaba el Semefo, operado y controlado por los propietarios”.

En el lugar se hallaron un fémur humano resguardado en un cajón, un arma de fuego, documentación, un horno crematorio clandestino y papeles oficiales firmados y sellados, pero en blanco.

“Con ello, una muerte violenta podría hacerse pasar como muerte natural, y un traslado podría documentarse con datos falsos; una inhumación podría quedar respaldada por un registro que no correspondía a la realidad”.

Además, sostuvo que el análisis permitió identificar conexiones entre integrantes de la delincuencia organizada de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, así como servidores públicos y otras personas con establecimientos y servicios que pudieron tener relevancia para la investigación, como las funerarias.

Entre ellos “La Gaby”, “El Chuky” -ya fallecidos- y “El Gusano”, quienes se comunicaron directamente con Rodolfo Rueda la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A su vez, el empresario habló ocho ocasiones con Irving “N”, hoy nutriólogo y en ese tiempo estudiante, mientras que éste, a su vez, se comunicó con miembros de Guerreros Unidos.

“A partir de este reanálisis se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás se había abierto en relación con las funerarias y hornos crematorios”.

Otra línea de investigación prioritaria se relaciona con lo ocurrido en la barandilla, por lo que incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino y pidió directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante a su visita a México, la extradición de dos servidores públicos municipales.

También se ha pedido al gobierno de Israel la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.

Las demás líneas son la identificación de una persona que participó en los hechos, entonces de 14 años, y las videograbaciones registradas desde el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, mismas que fueron destruidas.

Mientras que otra línea de investigación está relacionada con el uso de los teléfonos de los normalistas posterior a los hechos y nuevas búsquedas para dar con el paradero de los estudiantes.

Medina, por su parte, dio a conocer que de octubre de 2024 a septiembre de 2026 han sido detenidos el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la extitular del TSJ, una visitadora, nueve policías municipales y ocho miembros de la delincuencia, dos empresarios y cuatro civiles.

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