Busca el oficialismo acabar con la sátira política; creadores de contenido advierten riesgo de censura

Las iniciativas para reformar las leyes Federal de Derecho de Autor, conocida como “ley antimemes”, y la de Protección a la Propiedad Industrial, constituyen un riesgo de censura y un blindaje para la clase política, consideraron partidos de oposición y creadores de contenido, moneros independientes. 

La primera modifica las reglas de responsabilidad para los proveedores de servicios de internet y plataformas digitales ante infracciones de contenidos protegidos por derechos de autor compartidos por los usuarios.

Mientras que la segunda plantea sanciones (incluyendo multas y penas de prisión) para quienes utilicen, imiten o reproduzcan de forma comercial o indebida la identidad gráfica, logotipos o símbolos oficiales del gobierno. 

Una reforma de esa naturaleza, advierten, permitiría que cualquier político o funcionario público incómodo con una crítica o parodia digital podría utilizar la ley para denunciar penalmente al creador. 

La propuesta establece que no se podrá utilizar la imagen institucional de ninguno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial ni de los organismos autónomos, porque de hacerlo serán objeto de sanciones que, de acuerdo con la iniciativa, podría llevarlos a la cárcel.

Al respecto, el creador digital “Vampipe” destacó la urgencia del gobierno y de los partidos del bloque oficialista –Morena, PVEM y PT—por aprobar estas reformas, la cual, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, deja "cabos sueltos siempre como para callar voces".

El caricaturista Chavo del Toro dijo con Azucena Uresti en Grupo Fórmula: "Si quieren que estemos en la cárcel los caricaturistas, pues vamos a la cárcel”, y destacó los extremos autoritarios a los que puede llegar la regulación de la sátira en México.

Ante las críticas que generó este paquete de iniciativas, las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República modificaron el artículo 403 Bis de la iniciativa de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

El cambio acota que la sanción aplicará únicamente cuando se utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica oficial a escala comercial con el objeto de inducir al error o engaño a la población a través de medios digitales. Con este matiz, la pena de prisión propuesta se redujo de uno a 5 años (originalmente contemplaba de 3 a 7 años), aunque se mantuvieron multas que van de las mil a las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos que superan el millón de pesos.

Los partidos de oposición también cuestionaron la propuesta del Ejecutivo. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, denunció que las disposiciones representan un instrumento de censura diseñado para inhibir las críticas hacia la administración federal y limitar el debate público en internet. 

En tanto, el jefe de la bancada panista en la Cámara Alta, Ricardo Anaya, advirtió sobre los riesgos que implica otorgar facultades de control y monitoreo digital que vulneran los derechos de los usuarios.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador de Morena, Javier Corral, defendió el dictamen al señalar que la normativa no busca penalizar la sátira ni las expresiones digitales de los ciudadanos, sino proteger la propiedad intelectual conforme a los estándares internacionales.Los senadores del bloque oficialista niegan que se trate de una "ley antimemes". Aseguran que el propósito es frenar fraudes digitales, clonación de portales oficiales y evitar el mal uso de la imagen institucional del gobierno a escala comercial, sin restringir la sátira o la libertad de expresión.