Fiasco de 59 millones de litros de combustible que no era robado, enreda a la FGR y gobierno de Guanajuato

El operativo presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno federal y autoridades de Guanajuato como un golpe histórico contra el huachicol fiscal, amenaza con convertirse en una acción contra la propiedad privada y la inversión en México, tras irrumpir en una terminal permisionaria antes de agotar la verificación de sus actividades.

A pesar de que la FGR contó con 76 días de investigación previa para sustentar el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en la planta de Grupo SIMSA,ubicada en el municipio de San José Iturbide, el caso dio un vuelco y ahora genera dudas sobre su legalidad.

Inclusive, la institución se vio obligada a retirar la indagatoria de su delegación estatal en Guanajuato para enviarla a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada(FEMDO) con el fin de fortalecerla. 

El argumento oficial fue la “complejidad” del caso y la falta del cotejo documental de las empresas que son clientes de Grupo SIMSA, lo que expone apresuramiento en las pesquisas.

La incursión de las autoridades en la planta de almacenamiento, dada a conocer públicamente el pasado 17 de septiembre, se da en el contexto del Plan Estratégico 2026-2029 de la FGR.

Bajo la gestión de Ernestina Godoy este programa ubica a los delitos en materia de hidrocarburos en el nivel más alto de prioridad para su combate institucional, al representar el 11.37 por ciento de las carpetas de investigación federales.

Sin embargo, la premura por exhibir un resultado de alto impacto derivó en la ejecución de un operativo antes de concluir el cotejo documental previo.

La propia fiscalía admitió que “no ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”. 

Después del aseguramiento de los 59 millones de litros de hidrocarburo, indicó que “lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado”.

La investigación inició el 3 de julio de 2026, luego de la detención de una persona que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz, Guanajuato.

A partir de esta acción, se profundizó la indagatoria en tres predios en la entidad, entre ellos en la planta industrial de San José Iturbide, donde finalmente se localizó el supuestohuachicol.

Es decir, transcurrieron 76 días desde el inicio de las pesquisas hasta que se difundiera el hallazgo de 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular; 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium; y 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel.

En esta acción conjunta participaron la FGR, el Gabinete de Seguridad federal y el gobierno de Guanajuato, el cual, a través de Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de la entidad, fue el primero en presumir a las nueve de la mañana del 17 de septiembre el aseguramiento histórico. Fue hasta pasadas las nueve de la noche cuando FGR lo confirmó.

Para el 18 de septiembre, durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbuam con la gobernadora Libia Dennise García, en Irapuato, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que las indagatorias continúan y que “las detenciones vendrán después”.

Por su parte, Gas Natural del Noroeste, de Grupo SIMSA, desmintió categóricamente que la planta donde se realizó la incursión sirva para almacenar combustible ilegal y recordó que la compañía tuvo un papel crucial en 2019 para enfrentar el desabasto de gasolina en cinco estados del país.

“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, aseguró.

“Es importante aclarar que, conforme al permiso de almacenamiento, Gas Natural del Noroeste presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales, a su vez, son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía, y acreditan ante la empresa la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos”.

Destacó que la compañía ha puesto a disposición de las autoridades competentes la información y la documentación que acreditan la legalidad de su operación y la relación comercial con las empresas usuarias de la Terminal, por lo que confió en que las instituciones ratifiquen que operan de manera legal.