“Narcopandemia” deja más de 3 mil 800 asesinatos en Sinaloa; el control de seguridad sigue intacto

A dos años del estallido de la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza", el gobierno de Sinaloa mantiene intacto el pacto criminal tras la salida de Rubén Rocha. Con más de 3 mil 800 asesinatos en la "narcopandemia", el rochismo conserva el control bajo la misma estructura de seguridad, sin cambios en el gabinete ni capturas relevantes, advierte el académico y colaborador de La Aurora, Omar Garfias.

Durante una amplia charla con Pablo Hiriart y Julián Andrade en la serie Conversaciones para decidir con libertad, de La Aurora, el analista sinaloense afirmó que nada ha mejorado en la entidad con la licencia de Rocha y la llegada de Graciela Domínguez Nava a la gubernatura.

“Cerró agosto y el número de homicidios fue de 152, como referente, en Yucatán, el número de asesinatos por mes es de dos. Veníamos muy mal antes de septiembre de 2024 cuando estalló la narcopandemia. En agosto del 2024, antes de la crisis, el número de asesinatos era de 45 que es muy grave, estábamos en una situación de pax narca, pero 22 veces por arriba de lo que sucedía en Yucatán, ahora en agosto de 2025 los homicidios llegaron a 131”.

Es decir, de 45 subieron a 131, y para agosto de 2026 la cifra fue de 151 homicidios; ni siquiera hubo una mejora con respecto a julio pasado, porque se registraron 14 casos más, detalló.

“No mejoró nada con la salida de Rocha; no tenía por qué mejorar cuando ha seguido manteniéndose con la misma política de seguridad pública, el gabinete es absolutamente el mismo, no hubo la más ligera modificación. Lo único que ha cambiado es el nombre del gobernador”, dijo.

Garfias consideró que el morenismo en su variante de rochismo sigue intacto en Sinaloa a pesar de que hubo algunas disputas políticas internas por el poder; incluso hasta el Congreso terminó por aceptar el nombramiento que se dio desde el centro de la nueva gobernadora.

El especialista no tiene duda de que en Sinaloa se mantiene el pacto del gobierno de Morena con las organizaciones delictivas, un fenómeno que se ha recrudecido en agravio de la población y de la actividad productiva desde que inició la guerra entre facciones criminales hace dos años.

Sin embargo, manifestó que una de las hipótesis es que el gobierno federal en realidad no está interesado en intervenir en la entidad para que las cosas mejoren.

Explicó que la inacción gubernamental de fondo tendría como propósito no alterar la gobernanza criminal, ya que las actividades ilícitas representan una fuente de ingresos muy importante los gobernantes; por ejemplo, para el financiamiento de campañas políticas.

El colaborador de La Aurora recordó que la gobernadora anunció un plan sobre seguridad y gobernabilidad que contrasta con las estrategias que ha encabezado el gobierno de Claudia Sheinbaum al echar por delante la fuerza del Estado Mexicano, como ha sucedido en Michoacán.

Citó también el caso de la senadora con licencia Imelda Castro, designada por Morena como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de la 4T en Sinaloa.

“Castro tiene 10 meses haciendo campaña en forma con camiones llevando a gente a los eventos, despensas, pagos, propaganda en bardas y espectaculares.

Esos 10 meses de campaña no son fáciles de financiar y, además, todavía no estamos en el periodo legal, esto no es con financiamiento legal, así que una de las hipótesis, que tiene mucho sustento, es el hecho de que este pacto criminal que se hizo en Sinaloa les resulta en fuente de muchos recursos que no son verificables ni comprobados”.

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