Desvían en Quintana Roo más de 150 millones de pesos a red ligada al huachicol

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sustentada en actas mercantiles y carpetas de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló un esquema de corrupción en la administración de la gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama.

El trabajo, elaborado por Raúl Olmos, señala que gobierno estatal y diversos municipios de la entidad canalizaron una bolsa millonaria a favor de una red de empresas fantasma y factureras vinculadas al tráfico ilegal de combustible (huachicol).

El monto del desvío 

Los recursos públicos otorgados superan los 150 millones de pesos entregados entre 2023 y 2024 a través de licitaciones arregladas y adjudicaciones directas para obras públicas, iluminación y señalética urbana. 

De esta suma, puntualiza MCCI, la administración central de Mara Lezama asignó más de 74.3 millones de pesos, mientras que los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) —otrora gobernado por la propia Lezama—, Tulum y Cozumel sumaron el resto de las adjudicaciones.

El entramado financiero gira en torno a Tabasco Capital, firma señalada por la FGR como la principal facturera utilizada para blanquear diésel y gasolina de contrabando. Dicha compañía está ligada al empresario Raúl Rocha Cantú (copropietario del certamen Miss Universo) y a sus operadores Jacobo Reyes León y Daniel Roldán Morales, este último encargado de supervisar las empresas "pantalla".

Entre las principales compañías beneficiadas por el gobierno de Quintana Roo destacan: Comercializadora Mexqro, Constructora 112029, Construservicios ESL y Construindustrial y de Servicios SIMMA.

Estas empresas, continúa el trabajo de Olmos, compartían prestanombres (como los administradores Daniel de la Flor López, Adrián León Ayala y Yetzabeth Jiménez) y domicilios fiscales falsos o duplicados en Querétaro. En procedimientos como la licitación del Malecón de la laguna de Cobá en Tulum, estas firmas simularon competir entre sí, presentando ofertas económicas coordinadas para simular transparencia y acaparar los contratos públicos.

La complicidad de la gestión de Mara Lezama al beneficiar a estructuras investigadas por la FGR por blanqueo de dinero y huachicol fiscal expone un grave quebranto patrimonial. 

Mientras la mandataria defiende su discurso anticorrupción en la esfera federal, los contratos entregados a esta red confirman cómo el dinero público de Quintana Roo terminó alimentando las arcas del crimen organizado y sus intermediarios financieros.