La organización diseñó una metodología de cinco alertas estadísticas que exhiben las anomalías de los registros oficiales
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La organización diseñó una metodología de cinco alertas estadísticas que exhiben las anomalías de los registros oficiales
Las cifras de incidencia delictiva presentadas mensualmente por el gobierno se han convertido en una herramienta de propaganda para presumir reducciones en la violencia. Sin embargo, la organización Causa en Común advierte que detrás de estos datos públicos existe una cadena de decisiones administrativas, omisiones y clasificaciones dudosas que distorsionan la realidad de seguridad del país.
Para contrarrestar esta narrativa oficial, la organización diseñó una metodología de cinco alertas estadísticas que exhiben las anomalías de los registros oficiales.
La primera alerta detecta subidas o caídas superiores al 50% sin justificación operativa. En el primer semestre de 2026, diez delitos de alto impacto encendieron esta alerta en todo el país. Por ejemplo, San Luis Potosí reportó una caída del 82% en homicidios dolosos, y Aguascalientes redujo un 94% la extorsión. En el extremo opuesto, Chihuahua registró un aumento del 2,325% en extorsiones. Asimismo, Nayarit reportó que ya no ocurren robos con violencia (a transeúntes y transportistas) ni trata de personas.
Se activa cuando disminuyen los delitos graves, pero aumentan de forma desproporcionada las categorías "residuales" (como "otros delitos contra la vida" u "otros delitos contra la libertad"), clasificadas a discreción por las fiscalías. En San Luis Potosí, mientras se registraron solo 30 homicidios dolosos y feminicidios, los casos catalogados como "otros delitos contra la vida" ascendieron a 136. En la Ciudad de México, frente a solo cinco secuestros registrados, la categoría "otros delitos contra la libertad" sumó 1,735 casos.
Diez entidades del país —entre ellas la Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas— reportaron en el primer semestre de 2026 más personas desaparecidas que víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Causa en Común advierte que estas víctimas permanecen en un "limbo jurídico y estadístico" que invisibiliza la violencia letal.
El subregistro queda expuesto al cruzar fuentes. En 2025, el INEGI reportó 27,989 defunciones por homicidio, mientras que las fiscalías estatales reportaron al SESNSP solo 24,344 víctimas. Esta brecha de 3,645 víctimas (casi el 15%) revela el subregistro del Secretariado. Asimismo, el diario Noroeste documentó en el primer semestre de 2026 al menos 53 muertes violentas que la fiscalía de Sinaloa omitió en sus reportes oficiales.
El gobierno suele elegir periodos de comparación selectivos para amplificar los resultados. Recientemente se comparó septiembre de 2024 con junio de 2026 para anunciar una reducción del 48% en homicidios. Sin embargo, al contrastar periodos metodológicamente equivalentes (primer semestre de 2026 contra el primero de 2025), la reducción real es del 30%. Aunque notable, la selección del mes de partida más violento altera la percepción real.
Causa en Común concluye que, sin reglas homogéneas de registro, trazabilidad y verificación externa, las cifras oficiales seguirán respondiendo a intereses propagandísticos y no a un diagnóstico real de la seguridad pública en el país.
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