En Morena ya encontraron la respuesta para todo: cuando los señalan, hablan de persecución; cuando les exigen explicaciones, denuncian una campaña, y cuando Estados Unidos actúa contra alguno de los suyos, sacan la bandera de la soberanía nacional. Nunca responden el fondo, nunca aclaran las dudas y nunca investigan a los suyos con seriedad.
La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán es el ejemplo más reciente. Andy confirmó que Estados Unidos le retiró el permiso para ingresar a ese país y respondió con una carta absurda dirigida a Donald Trump, culpando a su gobierno de actuar con motivaciones políticas, como si el retiro de su visa pusiera en riesgo la soberanía nacional.
Una visa cancelada no constituye una sentencia ni demuestra que alguien haya cometido un delito, pero tampoco es un simple inconveniente turístico, es decir, la medida revela que en dicho país cuentan con información suficiente sobre conductas ilícitas por parte del hijo del expresidente. Al parecer, no sólo negocios al amparo del poder sino presuntos vínculos con el crimen organizado. Lo preocupante más allá de la medida, es la reacción del oficialismo, incluida la presidenta, de cerrar filas con él. Gobernadores, dirigentes y funcionarios convierten un problema personal en una supuesta afrenta contra la patria.
De entrada es importante decir que Andy no ocupa cargo público alguno. El único trabajo formal en su vida ha sido la secretaría que ocupó unos meses al interior de Morena. El retiro de su visa no es ninguna amenaza para México, la amenaza la constituye la impunidad absoluta con la que este personaje y su red de amigos actuaron durante el gobierno de su padre. En cualquier democracia funcional, una señal de esta naturaleza sobre el hijo de un expresidente ameritaría una investigación, en México provoca un operativo de protección política.
El caso de Rubén Rocha Moya exhibe todavía mejor esta hipocresía. Después de 112 días de licencia, el gobernador de Sinaloa regresó al cargo pese a las acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y a la solicitud de extradición. Su regreso duró apenas 34 horas. La presidenta lo consideró inconveniente; Morena, que antes lo había defendido públicamente, se deslindó, y Rocha volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido.
El episodio sería cómico si no fuera tan grave. Rocha pudo separarse del cargo, regresar, tomar nuevamente el control del gobierno y volver a irse, mientras la justicia mexicana permanece inmóvil. Según el gobierno federal existe una investigación abierta, pero no conocemos avances, sólo sabemos que hasta hoy no han encontrado pruebas que justifiquen su extradición. Pero si la presidenta considera que su regreso es improcedente y dañino para Sinaloa, ¿qué sabe sobre él? Y si existen elementos suficientemente graves para cerrarle políticamente la puerta, ¿por qué el gobierno federal no actúa jurídicamente?
Tratándose de delitos como delincuencia organizada, narcotráfico o uso de armas, la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa una vez que el caso es llevado ante un juez y existe una vinculación a proceso, la misma que aplicaron contra Ernesto Ruffo. Pero si la fiscalía nunca judicializa el expediente de Rocha Moya ni solicita una orden, el asunto permanece congelado y la prisión preventiva jamás entra en juego.
Para los adversarios de Morena basta una denuncia, una sospecha o una declaración para desatar todo el aparato del Estado y meternos a la cárcel. Para Rocha Moya, Andy y otros, hay acusaciones internacionales, solicitudes de extradición y retiro de visas, pero casualmente no hay elementos suficientes para tocarlos.
La soberanía no consiste en proteger a los poderosos. Consiste en tener instituciones mexicanas capaces de investigar y sancionar sin esperar órdenes del extranjero y sin recibir instrucciones de Palacio Nacional. Nadie debe ser declarado culpable sin pruebas, pero tampoco inocente por decreto presidencial, por apellido o por pertenecer a Morena.
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