El detonante es el rescate financiero de Pemex, en el que el gobierno ha inyectado una cifra histórica que supera los 130 mil millones de dólares para mantener a flote a esta empresa
Inversionistas y operadores de Wall Street han empezado a negociar los bonos soberanos mexicanos con los rendimientos y descuentos típicamente reservados para la deuda especulativa o "basura" (junk), desestimando las calificaciones oficiales de grado de inversión que el país aún conserva.
El detonante principal de esta pérdida de confianza es el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex). El gobierno federal ha inyectado una cifra histórica que supera los 130, mil millones de dólares para mantener a flote a la petrolera estatal, la más endeudada del mundo.
La estrategia de absorber las pérdidas de Pemex sin implementar una reestructura operativa de fondo ha deteriorado el perfil crediticio de todo el país. Las consecuencias inmediatas en los mercados financieros internacionales incluyen la exigencia del mercado de tasas de interés más altas para prestarle dinero a México. El rendimiento de sus bonos ya supera al de vecinos regionales con menor calificación crediticia teórica, como Guatemala o Panamá.
Para sostener los apoyos a la petrolera —que solo en 2025 absorbieron el 1.9% del PIB—, el gobierno federal emitió más de 41 mil millones de dólares en deuda extranjera, convirtiéndose en el mayor prestatario de los mercados emergentes de ese año.
Aunque agencias como Fitch y S&P mantienen formalmente la nota soberana un escalón por encima del grado especulativo (BBB-), sus metodologías aplican un fuerte castigo por el riesgo contingente que representa Pemex.
La principal preocupación para los analistas es la pérdida formal del grado de inversión. Si dos de las tres grandes agencias calificadoras degradan la nota de México a la categoría de grado especulativo, se activarán cláusulas automáticas de venta forzada en los mercados globales.
Bajo ese escenario, los grandes fondos de pensiones e inversionistas institucionales internacionales, obligados por ley a poseer únicamente deuda con grado de inversión, tendrían que liquidar masivamente sus posiciones en bonos mexicanos. Esto provocaría una salida masiva de capitales, dispararía aún más el costo del crédito para las empresas privadas del país y sometería al peso mexicano a una presión cambiaria extrema.
Por ahora, los operadores de bonos ya han tomado su decisión de facto: en las mesas de dinero, el riesgo de México se cobra a precio de bono basura.
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