Doce años después de Ayotzinapa y con testigos protegidos, encarcelan al exgobernador Ángel Aguirre

Con información de dos testigos protegidos que decidieron hablar casi 12 años después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien responsabiliza de destruir evidencia para conocer el paradero de los estudiantes.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que las amenazas que sufrió el primero de los testigos “explicaba el silencio” que guardó hasta enero de 2026, cuando dio a conocer ante el Ministerio Público federal que Aguirre Rivero ordenó eliminar videos que registraron la detención en Iguala de los normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Mientras que el segundo informante “robusteció” en mayo pasado dichas declaraciones.

En un mensaje videograbado, la fiscal informó que el “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las diligencias existentes que ella misma ordenó, permitió abrir nuevas líneas de investigación en torno al caso Ayotzinapa.

En consecuencia, se determinó que, como gobernador, Aguirre Rivero encabezó una “operación dolosa y deliberadamente estructurada” para eliminar los videos que registraron el momento en que policías estatales y municipales detuvieron a un costado del Palacio de Justicia de Iguala a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En dichos actos, también participaron otros servidores públicos estatales de “alto nivel”, cuya situación jurídica no se dio a conocer por el momento.

Godoy dijo que, a partir del nuevo modelo de investigación de la FGR, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra el mandatario estatal por su probable responsabilidad en los delitos de contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas, la cual fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.

La fiscal dijo que la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.

Sostuvo que aunque las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, las diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.

“En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo.

“En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala”, afirmó.

Sostuvo que la FGR cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

“Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.

Cabe señalar que los cinco informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los cuales fueron difundidos entre septiembre de 2015 y marzo de 2023, no revelan alguna responsabilidad del exgobernador de Guerrero.

Exigen cautela

Felipe de la Cruz, integrante de un grupo de familiares de los 43 normalistas, dijo a La Aurora que se debe tener cautela sobre esta nueva línea de investigación.

Sin embargo, indicó que la FGR está obligada a comprobar de manera científica los motivos de la detención del exgobernador para no cometer injusticias, como ha sucedido en otros casos.

“Siempre lo hemos dicho, sea quien sea responsable, tiene que pagar por su delito, pero durante el proceso, en el desahogo de pruebas, se debe corroborar la responsabilidad”.

De la Cruz no descartó que uno de los testigos protegidos que acusan a Ángel Aguirre Rivero pudiera ser la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, quien fue detenida por la destrucción de imágenes relacionadas con los normalistas

“Preferimos esperar un poquito sobre el tema del desahogo de responsabilidad y sobre todo porque señala (Godoy) que es por la desaparición del los videos por los que Lambertina, que era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, también fue detenida. Y posiblemente el testigo que la fiscal dice que lo señala pudiera ser ella y otra de las personas detenidas por lo de los videos quienes lo estén señalando, pero para no cometer un error preferimos que la fiscalía haga su trabajo”.