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Exfuncionarios del INAI, perseguidos por "omisiones y actos de corrupción", confirma Sheinbaum

Señaló también que las cuentas públicas del INAI, particularmente las correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024, están siendo auditadas a fondo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Los excomisionados y exfuncionarios del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentran bajo investigación formal por presuntas omisiones y actos de corrupción cometidos durante sus gestiones, según confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

La mandataria federal justificó la reciente extinción del organismo autónomo al señalar que "era muy caro, más de mil millones al año", y estuvo marcado por escándalos de opacidad. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —dependencia que absorbió las facultades del instituto— detalló que las indagatorias de oficio se centran en la omisión sistemática de multas, sanciones y verificaciones obligatorias a particulares que vulneraron la protección de datos personales.

A la par de estas revisiones administrativas, el Ejecutivo Federal confirmó que las cuentas públicas del INAI, particularmente las correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024, están siendo auditadas a fondo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De comprobarse el desvío de recursos públicos o el uso indebido de funciones, el Gobierno Federal procederá penalmente contra los involucrados.

Firman decreto para un nuevo modelo de transparencia

Como parte de la reestructuración institucional, la presidenta Sheinbaum firmó este mismo martes un Decreto Presidencial que modifica los lineamientos del derecho a la información en el país, centralizando las solicitudes a través de la plataforma digital de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La titular del Ejecutivo enfatizó que las nuevas reglas fiscales y operativas buscan eliminar la discrecionalidad burocrática, impidiendo que los servidores públicos decidan de manera arbitraria qué información gubernamental se clasifica como reservada. "Se garantiza la transparencia real, sin intermediarios costosos ni cuotas políticas", sentenció la mandataria.

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