Indicaron que las diligencias ministeriales se han realizado sin convocar a los padres de los 43 estudiantes ni a sus asesores legales
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Indicaron que las diligencias ministeriales se han realizado sin convocar a los padres de los 43 estudiantes ni a sus asesores legales
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron que la Fiscalía General de la República (FGR) repite las prácticas de opacidad que en el pasado minaron la credibilidad de la investigación.
Señalaron que la institución realiza una indagatoria como la que en su momento sepultó el “infame montaje” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que manipuló evidencia hallada en el Rio San Juan, mediante las investigaciones encabezadas por el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Consideraron que es muy grave que la FGR, a través de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), haya realizado sin su presencia el aseguramiento de una funeraria donde fue localizada una bolsa que supuestamente contiene restos óseos.
“El hallazgo de una bolsa que supuestamente contiene restos óseos, misma que presenta una etiqueta con el número 2014, en la funeraria ‘El Ángel’ en lguala, Guerrero, llevado a cabo por la UEILCA) en octubre de 2025, ha puesto de manifiesto y de nueva cuenta una preocupante continuidad en las deficiencias metodológicas y procesales del Estado mexicano”.
El grupo de padres y madres aseguraron que la justicia sigue atrapada en un laberinto de simulación, donde el afán de colgarse medallas con nuevos hallazgos vuelve a pisotear las leyes que las propias familias forzaron a construir con dolor y digna rabia.
El documento de cinco puntos está firmado por Felipe de la Cruz, Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, María Micaela Fernández y Hugo Mora.
Indicaron que la diligencia ministerial se llevó a cabo de manera aislada, omitiendo por completo convocar a las madres y padres de los 43 estudiantes, así como a sus asesores legales, entre ellos el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Esta exclusión de las familias repite las prácticas de opacidad que en el pasado sepultaron la credibilidad de la investigación, evocando directamente el infame montaje orquestado por la extinta PGR en el Río San Juan, donde se habría manipulado evidencia sensible a puerta cerrada. Al actuar al margen del principio de máxima publicidad y transparencia, el Ministerio Público no solo fracturó la confianza de las víctimas, sino que colocó una prueba biológica determinante del caso en un estado de vulnerabilidad jurídica inminente”.
Acusaron que la FGR, mediante la UEILCA, vulneró el derecho humano a la participación activa, presencial y conjunta de las víctimas y sus representantes legales en las diligencias del caso Ayotzinapa, consagrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Protocolo Homologado de Búsqueda.
“La analogía con las actuaciones imputadas al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, en el Rio San Juan, da exactamente en el clavo del debate contemporáneo sobre la legalidad de las pruebas, puesto que el impacto de esta omisión por parte de la UEILCA y las consecuencias de una posible nulidad se estructuran bajo realidades técnico-procesales ineludibles”.
Los padres y madres de los normalistas denunciaron que este apresurado movimiento ministerial tiene muestra el “desesperado intento” de otorgar una artificial validez legal a las declaraciones de los testigos colaboradores "Juan" (Gildardo López Astudillo) y Ernesto Ramírez Gómez "Neto".
“La narrativa oficial pretende sostener, a toda costa, los dichos de estos informantes respecto al uso de hornos crematorios privados y el posterior esparcimiento de las cenizas y fragmentos resultantes en distintos puntos de descarte secundario, incluyendo el basurero de Cocula. Sin embargo, esta maniobra de la FGR colisiona de frente con la física y la lógica de la investigación criminal”.
Criticaron también el informe del caso Ayotzinapa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que concluyó que no existen pruebas de la implicación de Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ahora es parte de una narrativa político-simbólica.
“Lo anterior, da lugar a colegir un sesgo de conveniencia: los testimonios son una ´verdad incuestionable´ cuando sirven para cerrar el caso a nivel local, pero se convierten en una ´mentira de delincuentes´ cuando trastocan a las altas estructuras del poder. Al convalidar los testimonios en unas páginas del expediente y destruirlo en otras, la CNDH y el Estado Mexicano, a través de la UEILCA, han dejado el caso Ayotzinapa en un terreno de total incertidumbre jurídica, donde la verdad parece depender de a quién se esté acusando”.
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