La Comisión Técnica que designó el rector Leonardo Lomelí para atender el problema del examen de admisión a licenciatura en la UNAM tendrá sus primeros resultados esta semana.
Se trata de resolver qué se hará respecto de las evidencias de que muchos aspirantes pudieron elevar sus puntajes haciendo trampa.
Eduardo Bárzana, quien preside la comisión, adelantó que se formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad.
El tiempo apremia, sobre todo porque las clases inician el 10 de agosto y mucho antes se debe tener claridad de los pasos a seguir en un problema de amplias proporciones. Lo que hay que celebrar, por supuesto, es que los comisionados están atendiendo con velocidad lo más urgente.
Tentación de regular a la prensa
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la tentación no solo de regular el derecho de las audiencias en radio y televisión, sino también a la prensa escrita y a las plataformas de información.
Y es que, al presentar en su conferencia matutina los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, señaló que la prensa no está incorporada en ese proceso de revisión que comenzó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no; son temas que están también a discusión de la sociedad”. Ya sabemos lo que significa que la sociedad se pronuncie.
Hasta a los de Ayotzinapa les espanta una comisión de la verdad
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no quieren saber nada de una nueva comisión de la verdad, como la que en su momento ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas. Se recordará que aquella resolución fue un despropósito por todo lo que implicaría.
Fue en el gobierno de López Obrador cuando se cumplió la instrucción del colegiado: se nombró a Alejandro Encinas como encargado del asunto y las consecuencias fueron desastrosas, ya que acabaron por afectar a las víctimas sin avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala. Además, se benefició a los implicados en la desaparición de los jóvenes e inclusive se pactó con delincuentes. Por ello, los familiares de los desaparecidos presentaron un recurso ante la Suprema
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