Aseguran que se duplicarían las funciones de laboratorios forenses y fragmentarían las investigaciones para el esclarecimiento del caso
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Aseguran que se duplicarían las funciones de laboratorios forenses y fragmentarían las investigaciones para el esclarecimiento del caso
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar improcedente la creación de la Comisión de la Verdad que ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.
Consideraron que la instrumentación de dicha comisión fragmentaría las investigaciones ministeriales vigentes, duplicaría funciones de laboratorios forenses y dispersaría recursos económicos indispensables para el esclarecimiento del caso.
Afirmaron que la proliferación de instancias investigadoras paralelas vulnera el principio de seguridad jurídica, atomiza los recursos técnicos, degrada el material probatorio y debilita la capacidad punitiva del Estado frente a los perpetradores del crimen.
El documento fue firmado por Felipe de la Cruz Sandoval, Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, María Micaela Fernández y Hugo Mora.
En el mismo, los padres y madres de las víctimas afirmaron que, además, se debe revocar y corregir el criterio interpretativo del tribunal colegiado que confiere facultades extraordinarias ultra vires a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y desnaturaliza las facultades exclusivas del Ministerio Público Federal.
Consideraron que las ministras y los ministros deben ordenar en este caso que las reglas operativas se ciñan estrictamente a lo que marcan la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.
También reclamaron a la Corte emitir lineamientos vinculantes a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación para fortalecer integralmente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), respectivamente, obligando a la práctica expedita de actuaciones y diligencias ministeriales, así como a una “obtención de una verdad científica libre de vicios procesales”.
Los familiares de los normalistas desaparecidos indicaron que ante este andamiaje, la pretensión de erigir una nueva Comisión de la Verdad carece de procedencia técnica jurídica y resulta disfuncional.
Recordaron que las comisiones de la verdad, según la ONU, son mecanismos extrajudiciales, de carácter temporal, orientados al esclarecimiento de patrones de violaciones sistemática a los derechos humanos, pero sus mandatos deben ser complementarios y nunca supletorios del sistema de justicia.
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