La mandataria federal sepultó de manera oficial la obra que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsaba desde el año 2003
La mandataria federal sepultó de manera oficial la obra que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsaba desde el año 2003

Durante su gira por Acapulco, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la cancelación definitiva del polémico proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota, poniendo fin a más de dos décadas de conflicto social y resistencia comunitaria en la región.
Durante su gira de trabajo por el puerto de Acapulco, la mandataria federal sepultó de manera oficial la obra que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsaba desde el año 2003. Sheinbaum argumentó que la decisión responde al alto impacto ambiental y a las graves afectaciones sociales que el embalse provocaría en los pueblos rurales locales.
“No se va a hacer La Parota”, sentenció de forma tajante la jefa del Ejecutivo, reconociendo la histórica lucha de las comunidades agrarias que durante 23 años defendieron sus tierras frente a la amenaza de inundación y desplazamiento forzado.
En sustitución de la megaobra hidroeléctrica, el Gobierno federal pondrá en marcha un plan de justicia hídrica enfocado en abastecer de agua potable a la población local, sin afectar el entorno.
La nueva estrategia contempla pozos radiales, Construcción de nueva infraestructura de captación en los ríos de la zona; tanques elevados, red de distribución para abastecer de manera prioritaria a las colonias altas y zonas rurales del municipio; y el desazolve profundo del Río La Sabana y modernización de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Para ejecutar este plan alternativo, la administración federal destinará una inversión estimada de 8 mil millones de pesos. Estos recursos no solo buscan solucionar la crisis histórica de desabasto de agua que padece Acapulco, sino también robustecer la infraestructura hidráulica del puerto para resistir el impacto de futuros fenómenos hidrometeorológicos de gran intensidad.
Con esta resolución, el Gobierno de la República cierra uno de los capítulos de tensión social más longevos del sur del país, priorizando la gestión comunitaria del agua por encima de los megaproyectos de generación eléctrica.
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