Diana Álvarez Mejía
“Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, expuesta en el Museo de Arte Moderno, finalizaría inicialmente el 17 de mayo del presente año, sin embargo, se alargó hasta el pasado 19 de julio debido al interés que hubo alrededor de la muestra al tener más de 310 mil visitantes. La colección, compuesta por 68 obras realizadas por artistas emblemáticos de la historia del arte en México —tales como Frida Kahlo, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Ángel Zárraga, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo hasta fotógrafos como Gabriel Figueroa, Lola Álvarez Bravo o Graciela Iturbide— desató polémicas que obligaron al sistema artístico a replantearse las fallas que existen alrededor de las políticas culturales y la falta de claridad entre lo público y privado.
Me atrevo a decir que el éxito de esta exposición no recayó únicamente en las obras icónicas que la conforman —ya que hay obras excepcionales: el cubismo de Rivera y Zárraga, autorretratos de Kahlo, los alcatraces de Rivera o el retrato de Cantinflas por Tamayo— sino en toda la controversia alrededor de la colección. “Relatos Modernos” tiene entre sus obras pinturas de artistas monumento, lo que significa que 30 de las piezas que la conforman no pueden salir del país al ser patrimonio de la nación. Durante estos meses hubo disputas alrededor del caso, a tal grado que se formó el colectivo “Defendamos la Colección Gelman”. Éste busca en gran medida advertir los peligros, tal como ellos lo mencionan, de la disposición del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) al renovar indefinidamente los permisos para exportar las obras; lo que convierte una medida temporal en definitiva dejando de lado la protección legal que México debería otorgar a sus monumentos artísticos.
Por otro lado, Santander, quien está a cargo de la gestión de la colección perteneciente a la familia Zambrano, dio un comunicado el 23 de marzo del año en curso para aclarar que permanecen en constante comunicación con el INBAL y la Secretaría de Cultura para mantener su principal objetivo: gestionar debidamente los permisos correspondientes para la exportación temporal de las obras con declaratoria de monumento artístico que forman parte de esta colección. El pasado 18 de julio, un día antes del cierre de la exhibición, el Museo de Arte Moderno dio un comunicado a través de sus redes sociales para dar certeza jurídica acerca de la transparencia alrededor de todo movimiento y gestión de la colección, con la finalidad de mostrar el respeto que se otorgó a las leyes, así como la protección a los derechos morales que existen de los dueños de las mismas. Es decir, salvaguardar dicho acervo en lo particular y en lo público.
Ahora bien, las preocupaciones que emergieron a partir de esta muestra dan testimonio de la falta de claridad que existe en las políticas culturales actuales en México. Me parece que las preguntas pertinentes no es quién tiene la razón o quién está equivocado, sino qué es lo que tiene que suceder para que el sistema artístico volteé a ver dichas políticas y, finalmente, las autoridades se hagan responsable de ello. Todo el debate radica en la confusión entre propiedad privada y derecho cultural colectivo. Sin embargo, en sentido estricto, no debería existir siquiera este debate si la ley alrededor de la protección artística y la gestión de la misma fuera precisa. El problema, a mi parecer, yace en que los trabajadores del arte no se pronuncian en torno a estas leyes hasta que el problema no se hace presente: ¿por qué no hubo disputas alrededor de las políticas culturales hasta la exposición de esta colección privada con artistas monumento?
Sí, el gobierno es quien debe definir estas políticas, no obstante, el sistema artístico es quien tiene que estar alerta sobre las mismas. Es lamentable que exijan al gobierno sin haberse hecho cargo anteriormente de la problemática, para evitarla. El Estado mexicano sí tiene la responsabilidad de supervisar las condiciones de conservación, restauración, traslado y protección de las obras, pero no de intervenir en su propiedad. Como historiadora del arte considero que quienes trabajamos en el ámbito artístico hemos dejado de lado la responsabilidad que tenemos en la política cultural.
A los integrantes del sistema artístico nos compete dar cuenta de cómo la política cultural debe proteger el monumento artístico: no sólo para reafirmar si se ejerce, sino también para actualizarla en función de los cambios sociales. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se publicó en 1972, siendo María Izquierdo la última artista en pertenecer a él en 2002. Han sido años sin reformular esta ley a pesar de los cambios políticos, sociales y principalmente mercantiles del arte.
“Relatos Modernos” no vino a generar únicamente disputas en torno a la política cultural mexicana, sino que vino a evidenciar la falta de compromiso que existe alrededor de ella. Por lo tanto, este debate significa un llamado para que todas las personas dedicadas al arte y su gestión reflexionen alrededor de las problemáticas actuales del sector y así comencemos a contextualizarlas, reformarlas y, sobre todo, solventarlas.
*Diana Álvarez Mejía. Poeta e historiadora del arte. Tradujo, junto con Antonio Bohorquez, Me mataría en marzo de Hilda Hilst (2023). Ha publicado en Primera Página, Santa Rabia Poetry y Letralia, tierra de letras.
@dianacartesiana
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