Las expresiones más extremas de violencia no ocupan un lugar central en las estadísticas oficiales. Las bases de datos sobre incidencia delictiva contabilizan homicidios, pero no distinguen si una persona fue torturada antes de ser asesinada, si su cuerpo apareció desmembrado, si fue localizado en una fosa clandestina, si se trató de una masacre, de un feminicidio cometido con crueldad o de un ataque dirigido contra periodistas, madres buscadoras o integrantes de cuerpos de seguridad. Sin esa información resulta imposible dimensionar el grado de brutalidad que caracteriza amplias regiones del país.
Con ese propósito, desde 2020, Causa en Común desarrolla el proyecto Galería del horror, un registro hemerográfico que documenta atrocidades y eventos de alto impacto difundidos por medios de comunicación (1). Se trata de un ejercicio que no pretende contabilizar la totalidad de los hechos violentos (entre otras razones, porque muchos nunca llegan a conocerse públicamente), sino visibilizar modalidades de violencia extrema que permanecen prácticamente ausentes de los registros oficiales. Más que una medición exhaustiva, constituye una aproximación al tipo de crímenes que revelan el deterioro de la seguridad y del Estado de derecho en México.
Los hallazgos correspondientes al primer semestre de 2026 ofrecen un panorama preocupante (2). Entre enero y junio se documentaron 2,181 notas periodísticas relacionadas con atrocidades y eventos de alto impacto, dentro de las cuales fue posible identificar 2,529 hechos de violencia extrema y al menos 2,870 víctimas. Estas cifras deben entenderse como una muestra de una realidad mucho más amplia, condicionada por la capacidad de los medios para documentar los hechos y las condiciones de riesgo bajo las que ejerce el periodismo en distintas regiones del país.
La atrocidad más frecuente durante el periodo fue el asesinato con tortura. En apenas seis meses se documentaron 658 casos; un promedio cercano a cuatro diarios. Lejos de tratarse de episodios aislados, la tortura aparece como una práctica sistemática que acompaña numerosos homicidios registrados en el país. Sinaloa concentró 100 casos; Guerrero, 55; Puebla, 46; el Estado de México, 44; y Chihuahua, 42. La distribución geográfica muestra que esta forma de violencia no corresponde exclusivamente a un conflicto local, sino que se encuentra presente en buena parte del territorio nacional.
La persistencia de la tortura como mecanismo para infligir sufrimiento, castigar o enviar mensajes de intimidación constituye uno de los indicadores más claros de la degradación de la violencia criminal. En muchos de estos casos, los cuerpos aparecen maniatados, con signos evidentes de violencia física o envueltos en materiales destinados a dificultar su identificación. Más allá del homicidio mismo, el objetivo parece ser prolongar el sufrimiento de las víctimas y producir un efecto de terror entre la población.
Algo similar ocurre con los asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Durante el primer semestre de 2026 se registraron al menos 290 casos, equivalentes a un promedio de dos diarios (3). Los estados con mayor número de casos fueron la Ciudad de México (23), el Estado de México (21), Guerrero (17), Veracruz (17) y Sonora (17). Estos casos muestran que la violencia extrema contra las mujeres no responde únicamente a la lógica del crimen organizado. Muchas de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares, reflejando la persistencia de una violencia que también se reproduce en los ámbitos más íntimos de la vida cotidiana.
Las masacres continúan formando parte del paisaje cotidiano. Entre enero y junio se documentaron 156 eventos en los que tres o más personas fueron asesinadas en un mismo hecho. Guerrero encabezó el registro (20), seguido por Guanajuato (14), Puebla (12), Sinaloa (12) y Chihuahua (10). Cada una de estas masacres representa mucho más que un incremento en el número de víctimas de homicidio; supone episodios capaces de alterar profundamente la vida comunitaria, generar desplazamientos, paralizar actividades económicas y reforzar el control territorial de organizaciones criminales.
Otro de los hallazgos más preocupantes corresponde a las fosas clandestinas. Durante el semestre se documentaron 193 hallazgos, prácticamente uno por día. Sinaloa y Sonora concentraron 42 casos, cada una. Detrás de estas cifras se encuentra uno de los fenómenos más graves que enfrenta el país: la desaparición de personas y la incapacidad institucional para localizar, identificar y devolver los restos a sus familias. La frecuencia con la que continúan apareciendo estos sitios evidencia que las desapariciones siguen siendo un fenómeno sistemático, y que la respuesta institucional permanece muy lejos de la dimensión del problema (4).
El registro también permite advertir que la violencia extrema suele ir acompañada de eventos de alto impacto capaces de alterar la vida cotidiana de comunidades enteras. Entre enero y junio se documentaron 242 actos violentos contra la autoridad, 199 jornadas de violencia y 46 hechos catalogados como terrorismo, entendidos estos últimos como ataques dirigidos a sembrar miedo colectivo mediante explosivos, agresiones contra establecimientos o ataques en espacios públicos. A ello se suman 39 asesinatos de actores políticos, 134 asesinatos de integrantes de instituciones de seguridad y justicia, ocho asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, tres asesinatos de periodistas y cinco episodios de desplazamiento forzado, todos ellos indicadores de que la violencia continúa afectando tanto a servidores públicos como a personas que desempeñan funciones esenciales para la vida democrática y comunitaria.
Detrás de estas cifras se encuentran episodios que ilustran la diversidad y gravedad de la violencia documentada. En enero, 11 personas fueron asesinadas mientras asistían a un partido de fútbol en Salamanca, Guanajuato. En febrero fue asesinada una madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa. En abril se localizaron más de mil restos óseos en un predio de Tláhuac, Ciudad de México. En mayo, un colectivo de búsqueda denunció el hallazgo de un centro de exterminio con un crematorio clandestino y al menos quince fosas en Lagos de Moreno, Jalisco. En junio fueron localizados los restos de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada, torturada y calcinada en Veracruz.
Los hechos documentados durante el primer semestre de 2026 muestran que las atrocidades no constituyen episodios excepcionales ni expresiones aisladas de violencia. Por el contrario, conforman un mosaico de formas de violencia que incluye disputas entre organizaciones criminales, violencia de género, desapariciones, ataques contra autoridades, agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, e incluso hechos de violencia que tienen origen en conflictos familiares o comunitarios. En todos los casos, se trata de manifestaciones que revelan profundas fallas en las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
Pero estas atrocidades también obligan a mirar más allá de las instituciones. La reiteración de hechos marcados por la tortura, la mutilación, la desaparición o los asesinatos multitudinarios, evidencia un progresivo deterioro del tejido social. La violencia no es un recurso excepcional sino, en numerosos contextos, una forma cotidiana de resolver conflictos, ejercer poder, castigar o sembrar miedo. El riesgo de esta normalización no radica únicamente en el número de víctimas que produce, sino en la pérdida gradual de la capacidad colectiva para indignarnos frente a la brutalidad.
Frente a este panorama, la respuesta no puede reducirse al despliegue de fuerzas de seguridad o a la celebración de supuestas reducciones parciales en algunos indicadores delictivos (5). Resulta indispensable reconstruir las instituciones de seguridad y procuración de justicia; fortalecer las capacidades forenses y de búsqueda de personas desaparecidas; garantizar la protección de víctimas, periodistas y personas defensoras; y promover políticas orientadas a reconstruir el tejido social en las comunidades más afectadas por la violencia. Documentar estas atrocidades constituye mucho más que un ejercicio estadístico, es una forma de impedir que la violencia extrema deje de conmovernos y termine por asumirse como una condición normal de la vida pública en México.
(1) El historial de informes previos, puede consultarse en la página de Causa en Común: https://www.causaencomun.org/atrocidades-registradas-en-medios
(2) Para acceder al estudio completo y la respectiva base de datos, con el desagregado de notas, atrocidades y víctimas registradas en el periodo, véase: Causa en Común (2026), Galería del horro. Atrocidades y eventos de alto impacto. Disponible en: https://acortar.link/Sqzrgz
(3) Se entiende como “asesinato de mujeres con crueldad extrema” a los casos sobre mujeres asesinadas en circunstancias que sugieran razones de género, incluyendo violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes, privación de la libertad, participación de familiares o parejas sentimentales como agresores, o la exposición, abandono u ocultamiento de los cuerpos.
(4) Al respecto, Causa en Común ha elaborado diagnósticos sobre el contexto institucional que rodea a las desapariciones, destacando la debilidad e inoperancia de las comisiones de búsqueda y de las fiscalías. Véase: https://www.causaencomun.org/desaparicionesenmexico
(5) Estudios de Causa en Común han documentado problemas de calidad, consistencia y confiabilidad en los registros oficiales de incidencia delictiva, presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de los datos generados por las fiscalías. Pueden consultarse en: https://www.causaencomun.org/an%C3%A1lisis-de-la-incidencia-delictiva
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